El aumento salarial abrió una discusión que ya no se resuelve solo con cifras, sino con tensiones sociales, demandas judiciales y una pregunta de fondo sobre el país que se quiere construir.
Santiago de Cali, enero 14- 2026. Durante años, el salario mínimo en Colombia fue tratado como una cifra anual, discutida en escenarios cerrados y con escasa conexión con la realidad cotidiana. Hoy, esa lógica se rompió. El aumento decretado para 2026 —del 23,78 %— detonó un debate que trascendió lo económico y se instaló en las calles, en los tribunales y en la conversación pública. Como se escuchó en recientes movilizaciones: “No pedimos favores, exigimos condiciones dignas para vivir”. El salario mínimo dejó de ser un número y pasó a representar una frontera entre sobrevivir y vivir.
La tutela: cuando el debate llega a los estrados
El conflicto escaló al plano jurídico con la acción de tutela presentada por el exmagistrado de la Corte Constitucional Alejandro Linares, quien actúa como apoderado del comerciante Alexander Donato Rondón. La demanda busca frenar los efectos del decreto del Gobierno del presidente Gustavo Petro que fijó el aumento del salario mínimo para 2026 en un 23,78 %. La tutela solicita la suspensión provisional del decreto mientras se decide el fondo del asunto, cuestionando el procedimiento mediante el cual se adoptó la medida. Este hecho trasladó la discusión del salario mínimo desde la calle hacia los despachos judiciales, reforzando la sensación de un país que resuelve sus tensiones estructurales en escenarios de confrontación.
Marchar no es solo defender un decreto
En respuesta, sectores sindicales y ciudadanos fueron convocados a las calles. Pero las marchas no expresan únicamente respaldo al Gobierno. Representan una acumulación de frustraciones frente al costo de vida. “Defender el salario mínimo es defender el derecho a vivir con dignidad”, repetían algunos manifestantes. Estas voces reflejan un sentir colectivo: el salario no alcanza, y cualquier intento de frenar su aumento se percibe como una amenaza directa al sustento familiar.
El llamado presidencial y la politización inevitable
El presidente Gustavo Petro respaldó las movilizaciones y llamó a defender el aumento salarial frente a las demandas judiciales. En una de sus declaraciones afirmó que “defender el salario mínimo es defender la vida y la familia contra los depredadores con poder”. Esta frase marcó el tono del debate. Para unos, representa una defensa legítima del trabajador; para otros, una politización que eleva la confrontación. En cualquier caso, el salario mínimo quedó situado en el centro del pulso político nacional.
Más que marchas y tutelas
Esta columna sostiene que el salario mínimo no puede seguir atrapado entre la judicialización permanente y la presión de la calle. Las marchas revelan un clamor social legítimo; la tutela expone vacíos institucionales que deben revisarse. Ambas expresiones merecen atención. Colombia necesita un debate laboral serio, empático y sostenible, donde la dignidad del trabajo no dependa de decretos frágiles ni de confrontaciones constantes. Como lo resumió un manifestante: “Queremos vivir, no sobrevivir”. Esa demanda, más que política o jurídica, es profundamente humana y debería guiar las decisiones del país.
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