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El "Guayabo" Fiscal: Por Qué Pagar $75.000 por una Botella amenaza la Salud Pública

Más allá del golpe al bolsillo del consumidor, el polémico Decreto 1474 podría detonar una crisis de rentas regionales y convertirse en el mayor incentivo para el mercado negro en la última década.

El "Guayabo" Fiscal: Por Qué Pagar $75.000 por una Botella Amenaza la Salud Pública
     Foto:Comunicaciones Gobernación del Valle del Cauca

 

Por: Paulina Arango M | Cali, 21 de enero de 2026

El consumidor vallecaucano amaneció con una noticia que golpea directamente la economía doméstica y el entretenimiento local. La entrada en vigencia del Decreto 1474 del Gobierno Nacional ha reconfigurado drásticamente el mercado de licores, provocando un salto en el precio de venta al público que desafía toda lógica comercial: una botella de aguardiente, que hasta ayer oscilaba entre los $39.000 y $42.000, pasará a costar entre $68.000 y $75.000. Este incremento desproporcionado no es una simple subida de precios por inflación; es una reforma tributaria silenciosa que castiga el consumo legal y pone contra las cuerdas a la industria regional.

La Paradoja: Pagar Más, Recibir Menos Salud

Lo que el ciudadano debe saber es que cada botella legal que deja de comprarse es dinero que se le resta a su propio bienestar. Las rentas departamentales provenientes del licor son la gasolina financiera de la salud pública, el deporte y la educación en el Valle. La gobernadora Dilian Francisca Toro ha lanzado una alerta crítica: al duplicar el precio, la demanda de producto legal se desplomará inevitablemente. La consecuencia es matemática y social: menos ventas legales equivalen a hospitales con menos recursos. Lo que el Gobierno Nacional proyecta como un aumento en el recaudo, en la realidad regional podría traducirse en un hueco fiscal irreparable para la inversión social.

El Peligro Silencioso del Mercado Negro

Más allá del impacto económico, la medida abre una grieta peligrosa para la seguridad sanitaria de la comunidad. Con un diferencial de precio de casi $30.000 por unidad, el decreto se convierte involuntariamente en el mayor subsidio para las mafias del contrabando y la adulteración. José Moreno, gerente de la Industria de Licores del Valle (ILV), advierte que cuando el producto oficial se vuelve un lujo inalcanzable, el consumidor migra hacia opciones más baratas y sin control sanitario. El riesgo de una crisis de salud pública por consumo de alcohol adulterado es ahora una amenaza latente y real.

Jaque Mate a la Industria Local

La Industria de Licores del Valle, patrimonio de todos los vallecaucanos, enfrenta una de sus pruebas más difíciles. No se trata de una ineficiencia operativa, sino de un cambio de reglas de juego impuesto desde el nivel central que ignora la realidad del mercado. Las licoreras oficiales han cerrado filas en una "lucha legítima y constitucional", pues este esquema tributario las deja en clara desventaja frente a licores extranjeros y productos ilegales. La sostenibilidad de la empresa pública, y los empleos que genera, dependen de que se revalúe una medida que parece desconectada del bolsillo de la gente.

Un Llamado a la Conciencia Ciudadana

En este escenario de incertidumbre, la comunidad queda en el centro del debate. Mientras los mandatarios regionales gestionan una salida política ante el Gobierno Nacional, el consumidor se enfrenta a una decisión crítica: asumir el sobrecosto o arriesgarse en el mercado informal. La situación actual demuestra cómo una decisión técnica tomada en Bogotá puede terminar afectando desde la celebración familiar en Cali hasta la atención de urgencias en un hospital público. La defensa de las rentas departamentales no es un asunto de políticos, es un tema de supervivencia de los servicios esenciales que todos utilizamos

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