Redacción RMC Noticias

Bogotá, 26 de enero de 2026. El arranque de 2026 ha situado a Colombia en una encrucijada jurídica y financiera sin precedentes. La reciente arremetida del Presidente de la República a través de su cuenta en X, cuestionando la ponencia del magistrado Carlos Camargo que busca suspender el Decreto 1390 de 2025, no es solo un choque de poderes; es el síntoma de un modelo económico que intenta sostenerse sobre la excepcionalidad. Al declarar el Estado de Emergencia Económica y Social, el Ejecutivo busca recaudar 11,1 billones de pesos para mitigar el hundimiento de la Ley de Financiamiento, pero el camino hacia ese alivio fiscal está empedrado de advertencias técnicas y tensiones con el Banco de la República.

La encrucijada fiscal: Entre el recaudo urgente y la Regla Fiscal

Para el Gobierno, la urgencia es aritmética: equilibrar las finanzas tras el revés legislativo en el Congreso. No obstante, voces como la de José Ignacio López, presidente de ANIF, han sido enfáticas en que la falta de una reforma tributaria estructural es el verdadero lastre que impide cumplir con la Regla Fiscal. Mientras el mandatario argumenta que los "más ricos deben devolver subsidios", los expertos sugieren que parchar el déficit mediante decretos de emergencia es un síntoma de debilidad institucional que podría comprometer la estabilidad macroeconómica a largo plazo, convirtiendo la excepción en una norma peligrosa.

El debate de la "imprevisibilidad": ¿Es una crisis evitable?

Uno de los puntos más álgidos en la Corte Constitucional es si la situación fiscal de 16.3 billones de pesos cumple con el requisito de ser "imprevisible". Mauricio Reina, investigador de Fedesarrollo, ha planteado dudas razonables sobre si este déficit es un evento fortuito o el resultado de una gestión presupuestal predecible. Si la Corte acoge la visión de que el Gobierno pudo evitar esta crisis por vías ordinarias, el Decreto 1390 caería por su propio peso, dejando al Ejecutivo sin el escudo financiero que hoy defiende como la única vía para "priorizar el trabajo y la vida" frente a lo que denomina intereses parásitos.

El sector financiero bajo la lupa de las tasas de interés

La insistencia del jefe de Estado en que el Banco de la República reduzca las tasas de interés ha generado eco en el sector bancario. Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, representa a un sector altamente sensible a estos movimientos. Para la banca, un descenso forzado o políticamente motivado de las tasas, sin una reducción técnica de la inflación, podría disparar el riesgo país. El presidente insiste en que las tasas altas solo benefician a los especuladores, pero desde el gremio financiero se advierte que la calificación de la deuda colombiana depende, en gran medida, de la autonomía del Emisor y de la seguridad jurídica que hoy parece estar en vilo.

Un sistema tributario en busca de la progresividad constitucional

El argumento central del mandatario gira en torno a la progresividad tributaria. Según su visión, el magistrado Camargo desobedece el mandato constitucional al frenar medidas que obligarían a las rentas más altas a contribuir proporcionalmente más. Este enfoque busca estimular la demanda interna a través del "salario vital", una apuesta que confía en que el aumento del consumo y el uso de tierras fértiles subutilizadas compensen el bache fiscal. Sin embargo, el choque surge cuando esta visión de "justicia social" colisiona con los procedimientos legales que protegen el equilibrio de poderes.

Producción vs. Especulación: El dilema del dinero

"Menos fantasmagoría del dinero y más realidad productiva", es la consigna que el Gobierno ha lanzado al Banco de la República. Al proponer que la deuda se pague con trabajo y no con intereses elevados, el Presidente intenta un cambio de paradigma económico. No obstante, la transición de una economía financiera a una netamente productiva no ocurre por decreto, y menos en medio de una incertidumbre jurídica que, como advierten los analistas, podría terminar encareciendo la deuda por el simple temor de los mercados a la inestabilidad institucional colombiana.

El riesgo de gobernar desde la excepción

La tensión entre la Casa de Nariño y la Corte Constitucional refleja una verdad incómoda: Colombia está intentando resolver con emergencias lo que no pudo conciliar en el consenso legislativo. Si bien la búsqueda de un sistema progresivo y el fomento a la producción son objetivos loables, saltarse los canales ordinarios erosiona la confianza en las instituciones.

 ¿Hasta qué punto la urgencia fiscal justifica el debilitamiento de los contrapesos judiciales? El país necesita recursos, pero también necesita la certeza de que las reglas del juego no cambiarán cada vez que el presupuesto no cuadre. La verdadera riqueza de una nación no reside solo en su producción, sino en la solidez de sus leyes.