El Valle del Cauca lidera el rechazo al aumento del 19% en cigarrillos y licores
Una decisión que sacude a las regiones
Bogotá D. C., enero 15 de 2026. El Decreto 1474 de 2025, que eleva del 5% al 19% el impuesto al consumo de cigarrillos, licores y tabaco, abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno nacional y los departamentos. Desde Bogotá, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, fue enfática: los gobernadores no aplicarán el decreto mientras la Corte Constitucional se pronuncia, al considerar que la medida vulnera la autonomía fiscal y amenaza recursos esenciales para la salud, la educación y el deporte.
Un rechazo colectivo con respaldo jurídico
Durante un encuentro convocado por la Federación Nacional de Departamentos, al menos 17 gobernadores acordaron acudir de manera conjunta ante la Corte Constitucional para controvertir la legalidad del decreto. Además, se anunció la presentación de tutelas individuales por la presunta violación de derechos fundamentales. El argumento central es que el incremento del impuesto no solo afecta las finanzas territoriales, sino que centraliza los recursos en el Presupuesto General de la Nación, dejando a los departamentos con el impacto negativo y sin los ingresos compensatorios.
Contrabando y caída de ingresos: el riesgo real
Uno de los puntos más sensibles del debate es el aumento del contrabando, un fenómeno que, según la mandataria vallecaucana, ya ha reducido de forma significativa las rentas departamentales. La experiencia previa indica que elevar los precios de estos productos incentiva los mercados ilegales, lo que termina disminuyendo el recaudo formal. En este escenario, el impuesto podría generar el efecto contrario al esperado: menos ingresos y mayor informalidad, especialmente en regiones con alta vulnerabilidad económica.
Salud, educación y deporte en la línea de fuego
La gobernadora advirtió que los recursos provenientes del impuesto al consumo han sido históricamente destinados a financiar servicios de salud, educación y deporte. Con el nuevo esquema, los departamentos asumirían el déficit sin contar con los fondos necesarios para cumplir obligaciones como el pago de subsidios a la ADRES. Además, productos emblemáticos como el aguardiente podrían registrar incrementos de precio entre el 30% y el 40%, afectando tanto al consumidor como a las rentas locales.
Cuando el centralismo pone en riesgo derechos
El debate trasciende lo tributario. La decisión de elevar el impuesto sin un diálogo efectivo con las regiones expone una tensión estructural entre centralismo y autonomía territorial. Si los costos sociales se quedan en los departamentos mientras los recursos se concentran en la Nación, el equilibrio fiscal se rompe y los derechos básicos se debilitan. La discusión de fondo no es si se debe recaudar más, sino cómo hacerlo sin desfinanciar a las regiones ni profundizar desigualdades. Escuchar a los territorios no es una concesión política, es una condición para la sostenibilidad del país.
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