OPINIÓN | El país de los decretos contra el muro de los "honorables"

Por: Paulina Arango M

Santiago de Cali, enero 22 del 2026. En Colombia, la distancia que separa la Casa de Nariño del Capitolio Nacional no se mide en metros, sino en realidades paralelas. Mientras el Gobierno Nacional ha decidido convertir el decreto en su principal herramienta de supervivencia, el Congreso se ha erigido como un muro de contención que la oposición de derecha defiende como un trofeo de guerra. En medio de este choque de trenes, queda el ciudadano de a pie, observando cómo su futuro se decide entre un plumazo presidencial y un "hundido" legislativo.

La victoria del bolsillo frente a la arrogancia del mármol

El panorama económico de este 2026 ha desarmado, uno a uno, los jinetes del apocalipsis que la oposición intentó cabalgar. El precio del dólar, ese termómetro que vaticinaba el caos, bosteza hoy por debajo de los 3.660 pesos, demostrando una estabilidad que pocos se atrevieron a predecir. A esto se suma el alivio en las estaciones de servicio: tras años de sanear el hueco dejado por administraciones anteriores en el fondo de estabilización, la gasolina finalmente da un respiro.

Pero el golpe más mediático y simbólico ha sido el uso del decreto para la justicia redistributiva. El incremento del salario mínimo a dos millones de pesos (incluyendo auxilio de transporte) es un hito que dignifica al madrugador. En contraste, el Gobierno ha decidido tocar las fibras más sensibles de la casta política al eliminar, vía administrativa, la prima especial de servicios de los congresistas. Quitarles esos 16 millones de pesos adicionales a quienes ya gozan de privilegios excesivos no es solo una medida fiscal; es un mensaje de que la austeridad, por fin, empezó por casa.

"Los ricos también lloran": El costo de la equidad

La frase del Ministro de Hacienda no fue un exabrupto, sino una radiografía del momento actual. Por décadas, el costo de las crisis en Colombia fue una carga exclusiva para el vendedor de tintos y la clase media. Hoy, el discurso ha cambiado: quienes siempre disfrutaron de exenciones y beneficios bajo la mesa están siendo llamados a la mesa de la responsabilidad fiscal.

Sin embargo, esta élite tiene sus mejores soldados en las comisiones del Congreso. La estrategia de la oposición no ha sido debatir para mejorar, sino bloquear para destruir. El hundimiento de la reforma laboral es la prueba reina: se celebra en los pasillos de mármol como una victoria política, pero se sufre en las calles como una derrota social. Es la ironía de un país que ahora gana más, pero que sigue encadenado a la inestabilidad de los contratos de prestación de servicios, sin garantías reales de salud o pensión.

Un país en el limbo jurídico

La situación es insostenible a largo plazo. No se puede gobernar eternamente a punta de firmas presidenciales si el Legislativo insiste en el sabotaje. Esta "guerra de chequeras y bloqueos" ha dejado temas vitales, como la salud, en un estado de incertidumbre peligrosa.

El estallido de la indiferencia

El ciudadano colombiano hoy vive un extraño alivio económico mezclado con una profunda ansiedad política. Celebra que el dólar baje y que su salario rinda más, pero siente el frío de saber que su derecho a una vejez digna o a una atención médica de calidad sigue siendo una ficha de cambio en el Capitolio.

La advertencia para la oposición es clara: decir "no" a todo sin proponer una alternativa que no sea el regreso al pasado es una estrategia suicida. Cuando el hambre y la necesidad chocan contra el muro de la indiferencia de los "honorables", el conflicto social deja de ser una posibilidad para convertirse en una consecuencia inevitable. Si los ricos lloran por sus impuestos, el pueblo está gritando por sus derechos; y un decreto puede dar un respiro, pero solo una reforma real podrá traer la paz.