El uso del agua en Aguachica desata choque entre Petro y estructuras políticas del Caribe
Por: Redacción RMC | 22 de febrero de 2026
En Aguachica, sur del Cesar, un video difundido por Caracol Radio mostró un carrotanque repartiendo agua potable con mensajes políticos visibles en su carrocería. Los nombres de los congresistas Ape Cuello, del Partido Conservador, y Didier Lobo, de Cambio Radical, acompañaban la entrega del líquido vital en un municipio afectado históricamente por fallas en el suministro.
La reacción no tardó. Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro calificó el hecho como un presunto “delito electoral” y ordenó capturas inmediatas contra autores materiales e intelectuales. El episodio, a poco más de un año del calendario electoral de 2026, encendió una alarma nacional: ¿se está utilizando la necesidad básica del agua como instrumento de presión política?
La escena no es aislada. Ocurre en una región donde el acceso al agua potable ha sido intermitente y donde la precariedad institucional convive con maquinarias electorales tradicionales. El qué, el quién, el cuándo y el dónde están claros. El por qué remite a una práctica antigua: el clientelismo como forma de control territorial.
El agua como herramienta de clientelismo electoral
En departamentos como Cesar, Magdalena y La Guajira, la escasez de agua ha sido documentada durante años por organismos de control y medios nacionales. En ese contexto, el reparto de carrotanques se convierte en un acto de alto impacto social.
Crisis de agua y vulnerabilidad social
Aguachica, con más de 100.000 habitantes, enfrenta deficiencias estructurales en su sistema de acueducto. La dependencia de carrotanques no es excepcional, es frecuente. Esa realidad convierte cada entrega en un acto de poder.
Especialistas en derecho electoral advierten que cuando la ayuda humanitaria se condiciona —de manera explícita o simbólica— a una afinidad política, se configura una posible vulneración a la libertad del voto. No se trata solo de propaganda indebida, sino de la instrumentalización de una necesidad básica.
“El voto debe ser libre de toda presión, incluso de la presión que nace del hambre o la sed”, señaló el presidente Petro en un pronunciamiento público. Y agregó una advertencia directa a la Fuerza Pública: “No queremos policías encubriendo el crimen”.
Fuerza Pública bajo la lupa en el Cesar
El señalamiento presidencial fue más allá del hecho puntual. Sugirió que la ausencia de acciones inmediatas podría interpretarse como connivencia con estructuras políticas locales.
¿Complicidad o debilidad institucional?
El jefe de Estado recordó que la Policía Nacional tiene la obligación constitucional de garantizar derechos y libertades. En sus palabras, si las órdenes de captura no se ejecutan, la responsabilidad no será solo de los políticos involucrados, sino también de quienes omitan actuar.
La advertencia ocurre en un momento de tensión entre el Ejecutivo y sectores de la institucionalidad regional. En años recientes, investigaciones judiciales han evidenciado la persistencia de redes clientelares en varias zonas del Caribe, donde contratos públicos y ayudas sociales han sido utilizados con fines electorales.
La pregunta de fondo no es jurídica, sino estructural: ¿puede la Fuerza Pública aislarse de las presiones de los poderes locales en territorios donde la política y la contratación pública se entrelazan?
Elecciones 2026: nuevas modalidades de delito electoral
El calendario electoral de 2026 será uno de los más vigilados de la última década. El Gobierno ha advertido que las prácticas tradicionales —mercados, materiales de construcción, transporte— están evolucionando.
Del carrotanque al bitcoin
Petro afirmó recientemente que existen reportes de compra de votos mediante transferencias digitales, incluyendo criptomonedas. Si bien estas denuncias deberán probarse en escenarios judiciales, reflejan una transformación del delito electoral: de la dádiva física a la transacción invisible.
Expertos en transparencia electoral coinciden en que la tecnología amplía las posibilidades de fiscalización, pero también las de ocultamiento. La trazabilidad de recursos será un eje central en los próximos comicios.
El material audiovisual del caso Aguachica fue divulgado por medios nacionales.
Cesar y La Guajira han enfrentado crisis hídricas recurrentes documentadas por entidades oficiales.
La legislación colombiana tipifica como delito la corrupción al sufragante.
Consecuencias:
Investigaciones disciplinarias y penales contra responsables directos.
Revisión interna en la Policía si se comprueba omisión.
Mayor intervención de organismos electorales en regiones de alto riesgo.
Democracia en riesgo: entre la necesidad y la coacción
El episodio de Aguachica expone una tensión profunda: cuando la supervivencia depende de la política, la libertad se reduce. El agua, derecho humano esencial, no puede convertirse en ficha de negociación electoral.
Si la ayuda estatal se mezcla con propaganda, se erosiona la confianza en las instituciones. Y si la Fuerza Pública no actúa con independencia, el mensaje para la ciudadanía es devastador: que el poder territorial está por encima de la ley.
Como sociedad, debemos rechazar cualquier forma de coacción, por sutil que parezca. No se trata de un partido o de un gobierno. Se trata de preservar la esencia misma del voto libre.
La democracia no puede hidratarse con clientelismo. Cuando el agua se reparte con cálculo electoral, lo que se evapora es la legitimidad. Colombia enfrenta en 2026 una prueba decisiva: demostrar que la autoridad protege al ciudadano y no a la maquinaria.
La libertad no se negocia por un balde de agua. Defenderla es una responsabilidad colectiva.
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