La disputa por 9.000 hectáreas en Silvia revela la inoperancia estatal frente a las tensiones territoriales y la urgencia de evitar una masacre interétnica.
Cauca-21 de mayo del 2026. Luis Enrique Tunubalá Fernández, autoridad tradicional del resguardo de Guambía, no perdió la vida a manos de los actores armados que históricamente han desangrado a Colombia. Murió este jueves 21 de mayo en medio de una guerra fratricida. En la madrugada, en el predio rural La Ensillada, municipio de Silvia, Cauca, miembros de los pueblos indígenas Misak y Nasa se enfrentaron violentamente por el control de un territorio que ambos reclaman como propio. Lo que comenzó como un procedimiento de recuperación territorial derivó en un trágico saldo que, hasta el momento, deja al menos tres personas muertas, varios heridos de gravedad y un escenario de caos con vehículos incinerados.
La sangre derramada responde directamente a la pregunta de por qué el abandono institucional es letal: una disputa administrativa irresuelta por la tenencia de la tierra se ha convertido en una condena a muerte.
El origen del conflicto: 9.000 hectáreas de la discordia
El nudo de este problema no surgió de la noche a la mañana. Se trata de un conflicto histórico por la administración y posesión de una extensión de entre 9.000 y 9.530 hectáreas ubicadas en sectores de páramo como Alto Méndez, Cacique y La Ensillada.
El pueblo Misak argumenta que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) expidió resoluciones y otorgó títulos colectivos a favor de los cabildos Nasa en territorios que los Misak consideran de su propiedad ancestral. De hecho, el Cabildo Indígena del Resguardo Colonial de Guambía venía documentando el ingreso no autorizado de integrantes del Cabildo Nasa de Pitayó, Mosoco y Yaquivá desde diciembre de 2025.
El detonante de la jornada violenta de este jueves ocurrió cuando comuneros Misak intentaron retomar el control del predio La Ensillada, el cual había sido ocupado por la comunidad Nasa tres meses atrás. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con palos, machetes y armas cortopunzantes.
Crónica de un choque anunciado: Testimonios del dolor
Las autoridades Misak ya habían advertido que, sin la intervención oportuna del Estado y de la ANT, existía un riesgo inminente de una confrontación mayor. Ese miedo se materializó.
Un comunero Misak presente en la zona relató la crudeza de lo ocurrido: "Es una disputa territorial. Durante años el pueblo Misak usufructuó esta tierra; hace tres meses el predio fue tomado por el pueblo Nasa. Esta madrugada el pueblo Misak quiso retomar el control y en esa lucha nos acaban de asesinar una autoridad Misak".
Además de Luis Enrique Tunubalá, los reportes indican la muerte de otro integrante Misak y de un comunero Nasa, e incluso se investiga la posible muerte de una gobernadora indígena Misak en medio de los disturbios. El Consejo Nu Nachak calificó estos hechos como un golpe devastador contra la vida, la autonomía y la autoridad ancestral.
Misión médica bloqueada y omisión del Estado
Si el choque armado resulta doloroso, las consecuencias colaterales rozan la barbarie. En medio de la emergencia, las comunidades en contienda bloquearon el acceso de la misión médica. La secretaria de Salud del Cauca, Carolina Camargo, encendió las alarmas al confirmar que los heridos presentaban laceraciones graves y hemorragias severas.
"Lamentablemente un conflicto interétnico ha dejado ya personas fallecidas. Tenemos registros de personas gravemente heridas [...] pero lo más complejo es que no se permite el ingreso del personal sanitario y de ambulancias", advirtió Camargo, exigiendo acudir al diálogo para salvaguardar las vidas. El hecho de que ni siquiera médicos o enfermeras puedan ingresar al territorio subraya el grado de descontrol y la ausencia absoluta de garantías básicas de derechos humanos.
Líderes políticos y sociales, como la senadora Aida Quilcué, han solicitado de urgencia una comisión de alto nivel por parte del Gobierno Nacional para hacer presencia en el Cauca y frenar la escalada de esta violencia interétnica.
La tierra no debe beber la sangre de sus hijos
Como sociedad civil, observamos con profunda tristeza e indignación cómo la inoperancia burocrática del Estado colombiano, en este caso representado por la falta de claridad y resolución de la Agencia Nacional de Tierras, termina empujando a comunidades hermanas a masacrarse entre sí.
Nos negamos a aceptar que la reivindicación de los derechos ancestrales deba cobrarse en vidas humanas. Desde esta tribuna, hacemos un llamado firme y colectivo al Gobierno Nacional para que asuma su responsabilidad histórica e instale de inmediato mesas de mediación vinculantes. Al mismo tiempo, extendemos un llamado al corazón de los pueblos Misak y Nasa: la tierra que consideran sagrada no merece ser profanada con la sangre de sus propios hijos. Es imperativo que las autoridades tradicionales depongan el uso de la fuerza, abran paso a la misión médica y retomen la sabiduría del diálogo. Ningún título de propiedad, ni ninguna hectárea de páramo, valdrá jamás lo que vale una vida humana.
0 Comentarios