El bloqueo institucional al Pacto Histórico y la crisis de imparcialidad en el CNE ponen en jaque el pluralismo político a las puertas de las elecciones.
Por: Paulina Arango M
Santiago de Cali, febrero 3 del 2026. La democracia colombiana atraviesa una semana crítica en Bogotá y las regiones, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dejado en suspenso la participación de figuras clave del Pacto Histórico, como Iván Cepeda, y la estabilidad de listas parlamentarias. Lo que comenzó como una advertencia retórica sobre "volvernos Venezuela" parece materializarse, paradójicamente, a través del uso de mecanismos administrativos para inhabilitar a la oposición al sistema tradicional, un fenómeno que evoca las recientes proscripciones políticas vividas en el país vecino.
El epicentro de la discordia se sitúa en la designación de conjueces para decidir el futuro político de Iván Cepeda. Fuentes oficiales de la representación a la Cámara por el Valle del Cauca han denunciado la falta de imparcialidad objetiva, señalando que los designados poseen vínculos directos con el Centro Democrático y el Partido Liberal. Este escenario ha forzado una estrategia de recusación legítima, bajo el argumento de que no se fallará en derecho, sino bajo cálculos de conveniencia partidista.
A pesar de los rumores de desarticulación, la lista del Valle del Cauca permanece firme bajo el amparo de la Ley 1475 de 2011. Dicha normativa permite modificaciones hasta el 08 de febrero, un mes antes de los comicios, ofreciendo un margen legal frente a las eventuales inhabilitaciones del CNE. Sin embargo, el fondo del asunto no es el trámite, sino la erosión de la confianza ciudadana que ve cómo las reglas del juego se alteran en el último tramo de la contienda.
Hoy, el cinismo parece dictar la pauta cuando se utilizan las instituciones para cercar la pluralidad. La exclusión de candidatos bajo figuras administrativas no es solo un golpe a un partido, es una vulneración al debido proceso que nos acerca peligrosamente a los modelos de exclusión que tanto se criticaron en el exterior. La comunidad observa un sistema que, al intentar "salvar" la democracia, termina asfixiándola.
El desenlace de este pulso judicial determinará si Colombia mantiene un sistema de garantías reales o si sucumbe a una política de eliminación del adversario. Defender el derecho de elegir y ser elegido, sin los sesgos de tribunales compuestos por militantes, es el último bastión para evitar que el miedo se convierta en realidad. El tiempo corre hacia el 8 de febrero, fecha en la que sabremos si el pluralismo fue respetado o si la institucionalidad decidió, finalmente, cerrar la puerta.
0 Comentarios