La firma presidencial que busca “refundar” el Estado desata una fuerte resistencia institucional y revive el debate sobre la estabilidad democrática.
Por: Paulina Arango M | 25 de febrero de 2026
El 24 de febrero de 2026 no fue un día cualquiera en la política colombiana. En medio de un Consejo de Ministros transmitido en vivo, el presidente Gustavo Petro tomó el primer formulario y estampó su firma para impulsar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Más que un acto administrativo, fue un gesto político cargado de simbolismo.
Rodeado de su gabinete, el mandatario volvió a confrontar al Congreso, al que ha señalado en repetidas ocasiones como un “parásito” y un obstáculo para sus reformas sociales. A menos de dos semanas de unas elecciones legislativas que muchos leen como un termómetro de su gestión, Petro decidió apostar por el llamado “poder constituyente” como su gran bandera final. Incluso anunció que el proyecto sería radicado el 20 de julio ante el nuevo Congreso, en un acto que —según dijo— estaría acompañado por la espada de Bolívar.
El tablero de Villa del Rosario: oposición cerrando filas
Mientras en la Casa de Nariño se celebraba la firma, en Villa del Rosario se reunía la Gran Consulta por Colombia, un bloque que agrupa a figuras como Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria. El mensaje fue claro: defensa cerrada de la Constitución de 1991.
Para este grupo, la constituyente no representa una oportunidad, sino un riesgo. Vicky Dávila fue directa al afirmar que Colombia no necesita un “dictador”, sino un demócrata. Mauricio Cárdenas resumió el espíritu del encuentro con una frase contundente: “No a la Asamblea Nacional Constituyente, sí a la Constitución actual. Colombia necesita un nuevo gobierno, no una nueva Constitución”.
La preocupación no es menor. Temen que abrir ese proceso implique desmontar equilibrios de poder y garantías ciudadanas que han marcado la democracia colombiana durante más de tres décadas. La tutela, por ejemplo, aparece como uno de los logros que podría quedar en entredicho.
El matiz socialdemócrata: reformas sí, ruptura no
En medio de la polarización, algunas voces han optado por una postura menos confrontacional, pero no por ello menos crítica. Roy Barreras ha asumido ese papel de puente incómodo: entiende la frustración del presidente frente a un Congreso que ha frenado varias reformas sociales, pero advierte que la salida no debería ser una ruptura institucional.
Desde su visión socialdemócrata, Barreras insiste en que las reformas pueden y deben tramitarse dentro del marco actual. A su juicio, una constituyente abriría un escenario de incertidumbre que podría terminar afectando incluso avances progresistas ya consolidados en la Carta del 91. El país —dice en esencia este sector— necesita certezas y estabilidad, no un salto al vacío.
Las firmas, la meta ambiciosa y el horizonte político
El proceso formal ya está en marcha. Un comité de activistas de izquierda, respaldado por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, inició la recolección de firmas con aval de la Registraduría. La ley exige poco más de tres millones de apoyos, pero Petro ha planteado una meta mucho más ambiciosa: diez millones. No se trata solo de cumplir el requisito legal, sino de construir una legitimidad política que presione al próximo Congreso.
El camino, sin embargo, está lejos de ser despejado. La senadora Paloma Valencia habla de un intento por “destruir los equilibrios de poder” y avanzar hacia una economía más estatizada. Abelardo de la Espriella califica la iniciativa de “espuria”. Incluso dentro del Ejecutivo han surgido dudas sobre la viabilidad jurídica de la firma presidencial en este proceso.
Entre el cambio y la estabilidad
Lo que está en juego no es simplemente un trámite ni una discusión técnica. La firma de Petro es un desafío político al orden constitucional vigente. Pero la experiencia histórica muestra que las constituciones no deberían responder a coyunturas de gobierno, sino a acuerdos amplios y duraderos.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿vale la pena arriesgar la arquitectura institucional de 1991 por una promesa de transformación cuyo alcance aún no está claro?
Gobernar implica empujar cambios, sí, pero también preservar la estabilidad democrática. El verdadero desafío quizá no sea reemplazar las reglas del juego, sino demostrar que todavía pueden funcionar para producir las reformas que el país necesita.
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