Operativo del Gaula Militar en Bogotá frustra presunto plan terrorista a días de las elecciones legislativas.
Por: Redacción RMC | 25 de febrero de 2026
A menos de dos semanas de los comicios legislativos en Colombia, el Gaula Militar Cundinamarca desmanteló un taller clandestino de fabricación de artefactos explosivos improvisados en la localidad de Usme, al sur de Bogotá. El operativo, realizado en coordinación con varias agencias nacionales e internacionales, dejó dos capturados señalados de pertenecer al autodenominado “frente de guerra urbano nacional comandante Camilo Torres” del proscrito Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El procedimiento se llevó a cabo mediante un allanamiento a un inmueble que, según las autoridades, funcionaba como centro de ensamblaje de armas hechizas, explosivos y munición. La operación fue liderada por el Gaula Militar Cundinamarca, unidad adscrita a la Brigada 13 del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Grupo Jungla y la Dijín de la Policía Nacional de Colombia, así como de la Administración de Control de Drogas (DEA).
Golpe al ELN en Bogotá en plena coyuntura electoral
La intervención no es un hecho aislado. Ocurre en un momento de alta sensibilidad institucional: la antesala de unas elecciones legislativas que históricamente han sido objetivo de amenazas por parte de estructuras armadas ilegales que buscan incidir mediante el miedo.
De acuerdo con el brigadier general César Augusto Martínez, comandante de la Brigada 13, en el lugar fueron hallados más de 800 cartuchos calibre 5.56 mm, un lanzagranadas M203, escopetas, proveedores de Mini Uzi, granadas de fragmentación, espoletas, detonadores, fulminantes y pólvora, además de múltiples componentes para la fabricación de artefactos explosivos improvisados.
“Este inmueble era utilizado para la adecuación y ensamblaje de artefactos con capacidad letal, que presuntamente serían empleados contra la Fuerza Pública y la población civil en Bogotá”, señaló el oficial en declaración oficial.
Incautaciones y capacidad de daño
El volumen y la naturaleza del material incautado evidencian una infraestructura con capacidad de producción sostenida. No se trataba, según fuentes castrenses, de un depósito improvisado, sino de un taller con herramientas, insumos y logística suficiente para fabricar dispositivos explosivos de mediano alcance.
El hallazgo de un lanzagranadas M203 y granadas de fragmentación refuerza la hipótesis de un plan que iba más allá de acciones simbólicas. Se trata de armamento con potencial de generar víctimas masivas en entornos urbanos densamente poblados.
Seguridad electoral y riesgo urbano
La localidad de Usme, tradicionalmente golpeada por economías ilegales y presencia intermitente de estructuras armadas, se convierte ahora en epicentro de una alerta mayor: la posibilidad de que Bogotá vuelva a figurar en el mapa de operaciones urbanas de grupos insurgentes.
El denominado “frente de guerra urbano nacional comandante Camilo Torres” ha sido mencionado en informes de inteligencia como una estructura orientada a fortalecer capacidades en ciudades principales, particularmente en contextos de presión política o coyunturas electorales.
La captura de los dos presuntos integrantes abre interrogantes judiciales y de seguridad: ¿existían otros inmuebles similares? ¿Había una red de apoyo logístico en la capital? ¿Cuál era el alcance real del plan?
Cooperación internacional y mensaje político
La participación de la DEA en la operación subraya el componente transnacional del fenómeno. Aunque el ELN es una organización insurgente con motivaciones políticas declaradas, sus fuentes de financiación han estado históricamente vinculadas a economías ilícitas, incluidas rutas del narcotráfico.
Este operativo envía un mensaje doble: por un lado, la capacidad de reacción del Estado en articulación interinstitucional; por otro, la persistencia de amenazas en el entorno urbano, incluso en momentos en que el país debate escenarios de negociación y paz total.
La democracia bajo presión
El desmantelamiento del taller clandestino en Usme no es solo un éxito operacional. Es también una advertencia. A días de que los ciudadanos acudan a las urnas, la sombra de la violencia intenta proyectarse sobre el ejercicio democrático.
La institucionalidad ha respondido con contundencia, pero el hallazgo confirma que la seguridad electoral no puede darse por sentada. La democracia colombiana, tantas veces herida, exige vigilancia permanente y decisiones firmes.
Como sociedad, el desafío no se limita a neutralizar explosivos; consiste en desactivar las condiciones que permiten que la violencia reaparezca como lenguaje político. Votar sin miedo no debería ser un privilegio, sino una garantía innegociable.
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