Dilian Francisca Toro propone liberar recursos de fiducias de Ciencia y Ambiente para responder a desastres; recuerda antecedente de 2017.
Las lluvias que golpean varias regiones del país reabrieron un debate estructural: ¿por qué existen recursos públicos inmovilizados mientras crecen las emergencias? Desde Cali, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, planteó una solicitud directa al presidente Gustavo Petro: permitir que los dineros acumulados en las bolsas de regalías de Ciencia, Innovación y Tecnología y de Medioambiente —que sumarían cerca de 6 billones de pesos— puedan destinarse a la atención inmediata de la crisis invernal.
Recursos guardados en medio de la urgencia
La mandataria sostuvo que esos fondos permanecen en fiducias sin ejecutar y que, según su planteamiento, no tendrían proyección de uso en el corto plazo. “Son recursos que están allí guardados y que podrían servir para la emergencia invernal”, afirmó, insistiendo en que la prioridad debe ser la atención a comunidades afectadas por inundaciones, deslizamientos y daños en infraestructura rural.
El llamado no es aislado ni improvisado. Toro recordó que en 2017, durante el gobierno de Juan Manuel Santos y cuando ella también ocupaba la Gobernación, se autorizó el uso de recursos del sistema de regalías para enfrentar contingencias relacionadas con vías terciarias y proyectos vinculados al posconflicto. Ese antecedente, según su argumento, demuestra que la figura jurídica es viable en contextos excepcionales.
Regalías y territorio: el debate de fondo
El Sistema General de Regalías fue concebido para redistribuir ingresos derivados de la explotación de recursos naturales hacia inversión social y desarrollo regional. Sin embargo, la discusión actual pone el foco en la flexibilidad del sistema frente a emergencias. La gobernadora insiste en que esos recursos deben cumplir su razón de ser: beneficiar directamente a los territorios donde se generan.
La propuesta también implica un componente normativo. Para que los dineros puedan redireccionarse, sería necesario que el decreto de emergencia económica o ambiental habilite expresamente su utilización con fines distintos a los originalmente programados. Sin ese paso jurídico, los fondos continuarían sujetos a los planes de inversión previamente aprobados.
Infraestructura rural, el eslabón más frágil
Las lluvias han afectado especialmente a zonas rurales, donde los daños en vías terciarias dificultan el transporte de alimentos, el acceso a servicios básicos y la movilidad escolar. En departamentos como el Valle del Cauca, los reportes de afectaciones han puesto presión sobre presupuestos locales ya comprometidos. De ahí que la mandataria plantee que los recursos inmovilizados puedan convertirse en una herramienta de respuesta rápida.
No obstante, el debate trasciende la coyuntura. Liberar recursos acumulados podría aliviar la emergencia inmediata, pero también abre preguntas sobre la planeación a largo plazo y la sostenibilidad de proyectos estratégicos en ciencia y ambiente. La decisión, en cualquier caso, tendría implicaciones políticas y técnicas que deberán evaluarse con rigor.
Entre la urgencia y la planeación responsable
Desde esta redacción consideramos que el país enfrenta un dilema recurrente: recursos disponibles en el papel frente a necesidades urgentes en el territorio. Si existen 6 billones de pesos sin ejecución, la discusión no debería centrarse solo en la viabilidad legal de su traslado, sino en la eficiencia del sistema que permite su inmovilización mientras comunidades enfrentan pérdidas materiales y riesgos humanitarios.
La emergencia invernal no puede convertirse en argumento para improvisar, pero tampoco en excusa para la parálisis administrativa. La reflexión es inevitable: ¿está el modelo de regalías respondiendo con agilidad a las realidades climáticas que hoy son más intensas y frecuentes? El desafío no es solo liberar recursos, sino garantizar que lleguen con transparencia, oportunidad y verdadero impacto a quienes más los necesitan.
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