La decisión del CNE aparta al senador del Frente por la Vida y desata un torbellino de acusaciones que cuestionan la salud democrática del país.
La maquinaria electoral ha vuelto a rugir, pero esta vez con un estruendo que resuena a inquietud. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dictaminado la inhabilitación de Iván Cepeda para la consulta del Frente por la Vida. Esta resolución, gestada en los pasillos de Bogotá, no es una mera nota al pie en el calendario político; es un golpe que reconfigura el ajedrez de la izquierda colombiana, alterando la ruta del Pacto Histórico y, en esencia, poniendo a prueba la resiliencia de nuestra democracia. La comunidad, atenta, percibe un eco familiar: ¿es esta una restricción al derecho fundamental de participación, o un mero ajuste legal?
Las reacciones no se hicieron esperar, confirmando la magnitud del sismo. Roy Barreras, médico y contendiente presidencial, no dudó en catalogar la medida como "un atentado absolutamente insólito a la democracia". Sus palabras señalan un punto neurálgico: la sospecha de conflicto de intereses. La denuncia de que uno de los conjueces sería socio de Abelardo de la Espriella, adversario político de Cepeda, introduce una sombra de duda sobre la imparcialidad del proceso. La comunidad se pregunta: ¿Es posible que la justicia electoral actúe sin el velo de la neutralidad cuando los intereses políticos son tan evidentes?
Desde el Pacto Histórico, la voz de Alejandro Campo se alzó con vehemencia, afirmando que el CNE "se está burlando de Colombia y de la democracia". Su argumento es contundente: la aplicación de normas que, a su entender, contradicen fallos ya vigentes del Consejo de Estado. La presencia de Holman Ibáñez como conjuez, con un historial político y jurídico que colisiona con el proyecto del senador Cepeda, desdibuja cualquier pretensión de objetividad. Esta situación, lejos de ser un detalle técnico, es para muchos un testimonio incómodo de la politización de los organismos electorales, una grieta en la credibilidad institucional que la ciudadanía observa con preocupación creciente.
Los antecedentes de este episodio no hacen sino engrosar el expediente de la controversia. Ibáñez, quien fungió como abogado en procesos contra el Pacto Histórico –incluyendo uno ligado a la consulta del 26 de octubre de 2025 de donde emergió Cepeda–, es una figura que siembra interrogantes. Para el movimiento, esta cadena de eventos no es una casualidad aislada, sino una persecución sistemática. El impacto trasciende la figura de un candidato; es un golpe directo a la confianza ciudadana en la idoneidad de las autoridades electorales y en la transparencia del proceso democrático. En un país que ha luchado tanto por la credibilidad de sus instituciones, estos episodios son heridas que tardan en cicatrizar.
La inhabilitación de Iván Cepeda, más allá de la noticia puntual, nos deja en un umbral de incertidumbre y reflexión. Las interrogantes se acumulan: ¿Cuál será el futuro de la consulta presidencial? ¿Hasta qué punto es garante la imparcialidad del árbitro electoral? Y, sobre todo, ¿qué tan robusto es el respeto a la voluntad popular cuando tales decisiones emergen? Desde el corazón de la comunidad política y social surge un llamado ineludible: sin reglas justas y sin jueces independientes, la democracia se vacía de contenido. La participación, que debería ser un derecho inalienable, corre el riesgo de degradarse a una mera concesión. Es en estos momentos críticos cuando la ciudadanía, es cuando la ciudadanía debe mirar más allá del titular, comprender las fuerzas en juego y exigir la integridad que merece su futuro.
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