Entre el romanticismo estatista de Petro y el látigo fiscal de Uribe, la economía colombiana camina por la cuerda floja de una incertidumbre que ya no aguanta más discursos.
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Por: Paulina Arango M | 16 de febrero de 2026
Ver una alocución presidencial en este país se ha vuelto un ejercicio de masoquismo narrativo. Gustavo Petro aparece en nuestras pantallas con ese tono de profeta incomprendido, dibujando una Colombia donde el Estado es el mesías que todo lo cura, mientras al minuto siguiente, Álvaro Uribe lanza un trino —corto, seco, como un disparo— que reza: "Hay que corregirlo". No es una sugerencia; es una orden de batalla. En esa pelea de titanes que se niegan al retiro, quedamos nosotros, los ciudadanos, atrapados en un fuego cruzado donde la ideología pesa más que el sentido común y donde la billetera nacional empieza a resentir el exceso de retórica.
El contexto no podría ser más inflamable. Petro insiste en un modelo donde lo público devora la iniciativa privada bajo la bandera de la equidad, una suerte de romanticismo que choca de frente con una realidad técnica: el capital es miedoso y la inversión no tiene patria. Uribe, que conoce el poder de la frase corta, ha capitalizado el miedo del sector productivo. Su "corrección" no es solo un llamado al orden económico; es el manifiesto de una oposición que siente que las reglas del juego se están quemando en la hoguera de la refundación nacional. Hoy, la noticia no es la reforma en sí, sino la orfandad de un centro que le ponga cabeza fría a este caos.
Lo que está mal aquí es la soberbia de ambos bandos. Por un lado, un Gobierno que cree tener un cheque en blanco para asfixiar a punta de impuestos y regulaciones a quienes generan empleo, como si la riqueza brotara por decreto. Por otro, una derecha que a veces olvida que el descontento social que llevó a Petro al poder no fue un accidente, sino el resultado de décadas de exclusión. Criticar el "estatismo absoluto" es válido, pero defender el "statu quo" sin alma es ceguera. La tragedia es que, mientras ellos se miden el aceite político, el país se queda en un limbo donde nadie se atreve a invertir un peso porque mañana las reglas pueden ser otras.
Bajemos esto a la calle, al bolsillo del que madruga. Al dueño del granero, al pequeño industrial o al joven que busca su primer empleo no le sirven las metáforas de Petro ni las sentencias de Uribe. Lo que necesitan es estabilidad. Cuando el dólar salta por un trino o cuando una reforma amenaza con hacer inviable la nómina, el que paga los platos rotos es el ciudadano de a pie. La incertidumbre se traduce en precios altos y en el cierre de oportunidades. Para el político en su camioneta blindada, el debate es académico; para el colombiano que ve cómo su sueldo rinde menos cada mes, es una cuestión de supervivencia pura y dura.
No nos engañemos: corregir el rumbo no es una señal de debilidad, es una muestra de inteligencia que hoy brilla por su ausencia. El país no es un laboratorio para experimentos dogmáticos ni una finca para capataces eternos. Si el Gobierno no entiende que sin rentabilidad no hay justicia social posible, y si la oposición no propone más que miedo, estamos condenados al estancamiento. La pregunta que queda flotando en el aire, después de apagar el televisor y cerrar el celular, es aterradora: ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los egos del pasado y las utopías del presente nos sigan robando el futuro?

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