Terrorismo en Cali: 67 kilos de explosivos incautados

La incautación de pentolita en la Terminal de Transportes revela una red criminal que amenaza la seguridad regional del suroccidente colombiano.

En la terminal de transportes de Cali, autoridades metropolitanas frustraron lo que pudo convertirse en uno de los atentados más devastadores de los últimos años en el suroccidente del país. En un operativo de rutina que derivó en alerta máxima, fueron halladas 160 barras de pentolita equivalentes a 67 kilogramos de explosivo de alto poder.

El procedimiento dejó como resultado la captura de dos mujeres y la aprehensión de una menor de edad. Según confirmó la Policía Metropolitana de Cali, el material incautado tenía capacidad suficiente para destruir infraestructura crítica y generar una onda expansiva de consecuencias impredecibles.

La ciudad, gobernada por el alcalde Alejandro Eder, enfrenta así el tercer intento de atentado en lo corrido de 2026. La pregunta no es solo quién transportaba el explosivo, sino quién está detrás de una estrategia que parece sistemática.

Terrorismo que viaja por carretera

Las investigaciones preliminares apuntan a que el explosivo no se produjo en Cali. De acuerdo con declaraciones del alcalde Eder, “las bombas o la dinamita vienen de departamentos vecinos”. Las hipótesis de inteligencia señalan corredores rurales que conectan con el sur del país e incluso zonas cercanas a la frontera con Ecuador, aunque esa línea aún permanece bajo verificación judicial.

Logística criminal y vulnerabilidad regional

La incautación no puede analizarse como un hecho aislado. Transportar 67 kilos de pentolita implica cadena de suministro, financiamiento, reclutamiento y conocimiento técnico. No se trata de improvisación, sino de planificación.

Expertos en seguridad consultados por este medio advierten que la utilización de terminales terrestres como punto de tránsito responde a una lógica de mimetización: alto flujo de pasajeros, múltiples rutas intermunicipales y controles fragmentados. “Cuando el terrorismo adopta dinámicas logísticas del transporte civil, el reto del Estado se multiplica”, explica un exoficial de inteligencia bajo reserva.

El debate sobre el “Plan Candado”

Ante el incremento de amenazas, la Alcaldía ha convocado un consejo de seguridad bi-departamental con autoridades del Valle del Cauca y del Cauca. El objetivo: consolidar un “Plan Candado” que refuerce los accesos viales a la capital vallecaucana.

Elecciones bajo presión y seguridad nacional

El contexto electoral añade un componente sensible. Eder ha sido enfático: “No puede haber paz electoral sin seguridad real”. La frase, más que consigna, es advertencia.

Cali no solo es la tercera ciudad del país; es un nodo estratégico industrial y logístico. Su estabilidad impacta la economía regional y la confianza inversionista. Permitir que corredores criminales operen sin contención compromete no solo la seguridad urbana, sino la gobernabilidad territorial.

Datos verificables y antecedentes recientes

En 2025, la ciudad registró seis ataques terroristas que dejaron diez víctimas fatales, entre ellas dos miembros de la fuerza pública. La actual incautación confirma un patrón: la amenaza no ha desaparecido, solo ha mutado.

De acuerdo con fuentes oficiales, la recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita prevenir atentados continúa vigente. Asimismo, se han fortalecido canales de denuncia y dotación tecnológica para la Policía.

Pero el dato más contundente es este: tres atentados frustrados en menos de dos meses evidencian un asedio sostenido.

 Cali no puede resistir sola

Cali ha demostrado resiliencia histórica frente a violencia, narcotráfico y estallidos sociales. Sin embargo, la resiliencia no puede convertirse en resignación.

La incautación de 67 kilos de explosivos es, en términos técnicos, un éxito operativo. En términos políticos, es una alerta roja. La seguridad de Cali no puede tratarse como un asunto exclusivamente municipal cuando las rutas del crimen desbordan sus límites geográficos.

El Estado colombiano enfrenta una disyuntiva: actuar de manera coordinada y regional o permitir que el terrorismo continúe probando los límites de la institucionalidad.

Como sociedad, debemos rechazar la normalización de la amenaza. La paz no se proclama; se protege. Y la protección exige inteligencia, inversión sostenida y liderazgo nacional decidido.

Cali no pide privilegios. Exige garantías. Y la garantía fundamental es que la vida no dependa del azar de un control policial exitoso.