La sombra de las disidencias amenaza el ejercicio del voto libre en el suroccidente colombiano
Por: Redacción RMC | 23 de febrero de 2026
El pasado sábado, el silencio de la madrugada en Cali no fue interrumpido por una explosión, sino por la eficacia silenciosa de la inteligencia policial. El decomiso de 67 kilogramos de explosivos que pretendían ser ingresados a la capital del Valle no es solo un dato estadístico; es un mensaje de guerra enviado desde las montañas del Cauca. Este hallazgo es el síntoma de una enfermedad mayor: la presión asfixiante de las disidencias sobre un proceso electoral que, a pocos días de celebrarse el 8 de marzo, se encuentra bajo máximo riesgo.
Este lunes 23 de febrero de 2026, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Éder, confirmaron la realización de un Consejo de Seguridad conjunto con las autoridades del Cauca para frenar lo que parece ser una ofensiva terrorista coordinada. El objetivo es claro: evitar que la democracia sea secuestrada por la pólvora y el miedo.
67 kilos de explosivos y el silencio que no fue
La cifra proporcionada por el alcalde Alejandro Éder es escalofriante. "Fueron decomisados 67 kilos de explosivos. Eso es un monto gigantesco", afirmó el mandatario, reconociendo la labor de la Policía Metropolitana de Cali (Mecal) para frustrar lo que pudo ser una tragedia de proporciones incalculables. Este intento de atentado no es un hecho aislado, sino parte de una serie de maniobras de las disidencias que buscan generar alertas de terrorismo tanto en Cali como en Jamundí.
La gobernadora Toro fue enfática al señalar que "ha habido intentos" recurrentes, pero que la articulación interinstitucional ha logrado, hasta ahora, contener la arremetida. Sin embargo, la pregunta que queda en el aire es: ¿cuántos intentos más podrán ser contenidos antes de que el muro de seguridad presente una fisura?
Un consejo de seguridad en el corazón del conflicto
Para enfrentar esta amenaza, se ha definido una cumbre de alto nivel que tendrá lugar este jueves en un municipio del Cauca —cuya identidad se mantiene en reserva por razones obvias de seguridad—. Allí, los gobernadores y alcaldes de las zonas más afectadas analizarán las rutas de expansión del terrorismo que fluye desde el vecino departamento.
Traslado de mesas y la "Mesa de Paz"
La situación de orden público ha puesto en jaque la logística del 8 de marzo. En el Valle del Cauca, se han identificado 62 puestos de votación que solicitan ser trasladados por razones de fuerza mayor, especialmente en municipios críticos como Jamundí y Buenaventura.
La decisión final sobre estos traslados recae en el Comité de Seguimiento Electoral Nacional, pero el panorama es preocupante:
- Solicitudes en evaluación: 62 mesas en riesgo.
- Zonas críticas: Jamundí y Buenaventura.
- Propuesta de diálogo: La invitación al Procurador General, Gregorio Eljach, para instalar una "mesa de paz" que garantice elecciones transparentes y, sobre todo, libres.
El papel del Ministerio Público y la vigilancia electoral
La presencia confirmada del Procurador General en la cumbre del jueves busca elevar el nivel de la discusión a una cuestión de Estado. No se trata solo de operativos militares, sino de asegurar que "el pueblo pueda salir a votar tranquilamente". La estrategia contempla una evaluación minuciosa de los riesgos antes de elevar las recomendaciones finales al Comité Electoral Nacional.
La democracia no puede ser rehén de la dinamita
Lo que ocurre hoy en el Valle y el Cauca es un recordatorio de que la paz en Colombia sigue siendo un cristal frágil. Cuando se decomisan 67 kilos de explosivos a las puertas de una ciudad de dos millones de habitantes, la discusión política debe ceder paso a la unidad institucional.
Nuestra postura es firme: las elecciones del 8 de marzo no pueden ser la moneda de cambio de los grupos armados ilegales. La libertad de elegir es el cimiento de cualquier sociedad civilizada, y si el Estado no logra garantizar que un ciudadano en Jamundí o Buenaventura pueda marcar su tarjetón sin una pistola o un cilindro-bomba acechándolo, entonces la democracia habrá perdido la batalla antes de que se abran las urnas. Es imperativo que la "mesa de paz" propuesta no sea un saludo a la bandera, sino un escudo real para el ciudadano de a pie. La seguridad no es un favor del gobierno; es un derecho innegociable de la sociedad.
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