El sistema de transporte masivo vuelve a ser el saco de boxeo de unos pocos, dejando a pie a miles de caleños que solo buscan volver a casa.
Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali
Por: Paulina Arango M
Anoche, la Calle Quinta no fue el escenario de un debate de ideas, sino el tablero de un juego de destrucción que ya nos sabemos de memoria. Mientras un grupo de manifestantes avanzaba con antorchas, otros —los de siempre, los que se esconden tras la causa para romper lo que es de todos— se dedicaron a reventar estaciones como si los vidrios del MIO tuvieran la culpa de las injusticias del mundo. Ver la estación de Tequendama hoy, con sus validadores vueltos chatarra y sus puertas hechas añicos, no genera indignación revolucionaria; genera un cansancio profundo, una desazón que se siente en el estómago de quien madruga a trabajar.
Resulta agotador tener que explicar, una y otra vez, que el derecho a la protesta no es una licencia para el salvajismo. Los antecedentes de nuestra ciudad son cicatrices abiertas y parece que no aprendimos nada. Hoy, Metro Cali reporta que ocho estaciones quedaron fuera de combate en menos de un suspiro. ¿En qué momento permitimos que el vandalismo se disfrazara de "movilización social"? Es la historia de nunca acabar: una ciudad que intenta levantarse y unos pocos que se ensañan en ponerle zancadilla al progreso mínimo de tener un bus donde moverse.
Aquí la crítica no es solo para el que empuña la piedra, sino para esa ambigüedad moral que a veces rodea estos actos. El alcalde Alejandro Eder salió a ofrecer 20 millones de pesos de recompensa, una medida necesaria pero que sabe a poco cuando la autoridad se ve sobrepasada por la horda. El problema es que el MIO se ha convertido en el blanco fácil, en el símbolo de un Estado al que le cobran todas las facturas pendientes rompiendo lo que sirve al más pobre. Es una paradoja cruel: dicen defender al pueblo, pero le quitan el transporte al obrero, a la enfermera y al estudiante.
Bájense de la nube de los discursos y miren la cara del señor que anoche tuvo que caminar kilómetros porque el sistema colapsó por los bloqueos y los daños. Para ese ciudadano, la "marcha de las antorchas" no fue un acto de luz, fue una pesadilla logística. Estamos hablando de 50,000 personas que hoy se levantaron con la incertidumbre de cómo llegar a sus destinos. No son cifras en un Excel, son vidas interrumpidas por el egoísmo de quienes creen que la democracia se construye destruyendo lo público. El bolsillo de los caleños, ya bastante golpeado, tendrá que sangrar otra vez para reparar lo que la intolerancia deshizo en una noche.
La pregunta que nos queda flotando en el aire viciado de Cali es simple pero dolorosa: ¿Hasta cuándo vamos a seguir financiando con nuestros impuestos la catarsis violenta de unos vándalos? Una ciudad no puede progresar si cada paso hacia adelante nos cuesta tres estaciones destruidas. Si la protesta no es capaz de desmarcarse de los delincuentes que rompen puertas y queman sueños, entonces estamos condenados a un ciclo de odio y escombros. ¿Será que algún día entenderemos que el MIO es de nosotros, o vamos a esperar a que no quede ni un solo vidrio en pie para reaccionar?


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