El Ministerio de Ambiente tumba la protección exprés de 1.499 hectáreas en el macizo hídrico y reabre el debate sobre la explotación de oro.
Por: Paulina Arango M
Bogotá, agosto 23 del 2026. El tiempo en la política tiene una elasticidad asombrosa. En ocasiones se arrastra durante años de debates estériles, pero en otras se acelera febrilmente en las vísperas de las transiciones de poder. Eso fue exactamente lo que ocurrió el pasado 6 de agosto de 2026, a menos de 24 horas de que el gobierno de Gustavo Petro entregara el mandato y se posesionara el presidente Abelardo De La Espriella . En ese último suspiro institucional, la entonces ministra de Ambiente encargada, Irene Vélez, firmó la Resolución 0994, declarando una reserva de recursos naturales definitivos sobre 1.499 hectáreas en la microcuenca de la quebrada La Baja, en pleno macizo de Santurbán . Aquel trazo de pluma bloqueaba de tajo cualquier pretensión de la multinacional canadiense Aris Mining para explotar oro en la zona .
Sin embargo, el blindaje ambiental duró lo que dura un suspiro de transición. Siete días después, el 13 de agosto de 2026, el recién posesionado ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona Hincapié, firmó la Resolución 1037. El nuevo documento revocó de manera directa la restricción de su antecesora y devolvió la disputa por el oro y el agua de más de 2,5 millones de personas al punto de partida .
La tormenta jurídica, técnica y social que se desató en las montañas de Santander no es solo un conflicto por recursos; es una radiografía implacable de cómo se disputa el poder sobre el agua en Colombia.
El laberinto procedimental: recusaciones y tutelas exprés
Detrás de las solemnes declaraciones de protección ambiental y de las promesas de reactivación económica, yacen los fríos expedientes judiciales que terminaron por tumbar la resolución del gobierno saliente. Dos hechos procesales de extrema gravedad empañaron el nacimiento de la Resolución 0994 de 2026 .
Una recusación ignorada en las horas finales
El primero ocurrió el 4 de agosto de 2026, dos días antes de que Irene Vélez estampara su firma en el polémico documento. Ese día se radicó formalmente una recusación en contra de la ministra encargada. Según el Código de Procedimiento Administrativo de Colombia, la radicación de una recusación tiene un efecto inmediato e ineludible: la suspensión legal de cualquier actuación administrativa hasta que el recurso sea resuelto .
No obstante, en el Ministerio de Ambiente de entonces el afán pudo más que la ortodoxia jurídica. Ignorando la suspensión legal que pesaba sobre la funcionaria, la resolución protectora de la quebrada La Baja fue expedida a contrarreloj .
El fallo del Juzgado Octavo de Bucaramanga
El segundo tropiezo fatal llegó por vía judicial. El 10 de agosto de 2026, apenas cuatro días después de la firma del decreto protector, el Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga emitió un fallo de tutela que amparó los derechos fundamentales de acceso a la información pública, la participación ciudadana y el debido proceso de los habitantes del municipio de California, Santander.
El despacho judicial fue contundente: al identificar una clara vulneración en la consulta pública adelantada por la administración Petro, ordenó dejar sin efectos cualquier trámite subsiguiente y reiniciar el proceso para garantizar la participación real y efectiva de las comunidades locales.
¿improvisación o desmantelamiento?
La revocatoria ha polarizado de inmediato el debate público. De un lado se sitúa la retórica del nuevo Gobierno, articulada por el ministro Fabio Arjona, quien no ha dudado en tildar la actuación de la administración anterior como una maniobra improvisada y estrictamente política .
"A un día de entregar el mandato, al gobierno anterior se le dio por hacer una delimitación 'exprés' de manera tan improvisada, que omitió resolver las recusaciones que se habían presentado contra la exministra Irene Vélez... El agua y la biodiversidad se protegen con ciencia y derecho, no con decisiones de última hora para favorecer intereses políticos de unos pocos", sentenció el ministro Arjona .
En la otra orilla del río de la discordia se encuentran los movimientos sociales de Santander, liderados por el Comité en Defensa de Santurbán . Para estas organizaciones, la rapidez con la que actuó la nueva administración del presidente Abelardo De La Espriella revela una agenda prioritaria para favorecer a las multinacionales mineras, aprovechando un momento de crisis nacional .
"No pasó ni un mes y el Gobierno de Abelardo De La Espriella empezó a desmontar las medidas que protegen Santurbán. Mientras el país enfrenta la emergencia por el terremoto, el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, aprovechó para tumbar la primera resolución que prohíbe el proyecto Soto Norte de la multinacional minera Aris Mining en Santurbán", denunció el Comité a través de sus canales de comunicación .
El sismo del 10 de agosto de 2026, que sacudió con fuerza al departamento y que mantiene al país en vilo por la emergencia hídrica y de infraestructura, se ha convertido así en el telón de fondo de una decisión ambiental que muchos consideran inoportuna y calculada .
El retorno del proyecto Soto Norte
La consecuencia más inmediata de la Resolución 1037 de 2026 es de carácter económico y extractivo . Al quedar sin vigencia la declaratoria de reserva natural sobre las 1.499 hectáreas de la quebrada La Baja, se levanta la barrera que impedía el avance del polémico proyecto de megaminería de oro en la provincia de Soto Norte, operado por la multinacional Aris Mining .
Si bien el Ministerio de Ambiente ha sido enfático en aclarar que la revocatoria no representa un veto definitivo a la protección de la microcuenca ni un aval automático a la explotación, la realidad es que el ecosistema ha quedado temporalmente desprotegido en el papel mientras se surte el nuevo trámite técnico y jurídico .
Los ambientalistas de la región ya preparan movilizaciones masivas y nuevas acciones jurídicas . Saben que Santurbán no es solo una montaña de roca y oro; es la "fábrica de agua" que apaga la sed de más de dos millones de santandereanos en Bucaramanga y Cúcuta .
El agua no se puede improvisar
Las lecciones que deja este nuevo capítulo en la historia de Santurbán son profundas. La protección de los ecosistemas estratégicos de Colombia no puede ser el botín de una guerra de última hora entre administraciones salientes y entrantes, ni puede sustentarse en decretos "exprés" que esquivan el rigor del debido proceso para ganar réditos políticos . Cuando la defensa del medio ambiente se ejerce con improvisación jurídica, se le entrega en bandeja de plata a sus detractores la excusa perfecta para tumbarla en los tribunales .
Pero de igual manera, el nuevo gobierno de Abelardo De La Espriella debe entender que la legalidad procedimentual no puede convertirse en una mampara para desmantelar de forma silenciosa la protección del territorio hídrico más sagrado de los santandereanos . La participación comunitaria no es un mero requisito formal para destrabar proyectos mineros, sino el pilar de un pacto social donde la vida y el agua deben primar sobre las onzas de oro .
El agua de Santurbán pertenece a las generaciones futuras, y la defensa de esa riqueza colectiva exige de nuestras instituciones una transparencia impecable, decisiones científicas rigurosas y, sobre todo, una honestidad democrática que hoy parece haberse disuelto entre las aguas turbulentas de la quebrada La Baja.
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