El despliegue de madrugada en barrios como El Calvario y San Pascual devuelve la presencia estatal, pero plantea el reto de golpear las rutas y puertos del narcotráfico.
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Por: Paulina Arango M
Presencia institucional en el corazón de la ciudad
Santiago de Cali, 24 de septiembre del 2026. Durante la madrugada del jueves, el Presidente de la República, Abelardo De La Espriella, se desplazó personalmente al centro de Cali para acompañar a las fuerzas de seguridad en el despliegue de la Operación Iron. Esta intervención interinstitucional -Gobernación del Valle del Cauca y Alcaldía de Cali-, desarrollada manzana por manzana en sectores emblemáticos del núcleo urbano, responde a la urgencia de arrancar de manos de la delincuencia el área comercial y residencial donde miles de familias y trabajadores ejercen su vida cotidiana. La presencia del mandatario nacional en territorio, coordinada de manera directa con las autoridades locales, buscó enviar un mensaje claro de respaldo estatal y de decisión firme para restablecer el orden en áreas golpeadas por décadas de degradación social e ilegalidad.
Planificación, cobertura y aplicación de la ley
La intervención en el centro caleño no surgió de una improvisación coyuntural, sino de una planificación técnica articulada durante dos años entre la administración municipal y el Gobierno Nacional. El operativo abarcó sectores de alta complejidad histórica como Sucre, El Calvario y San Pascual —zonas donde por más de medio siglo ha echado raíces el tráfico local de estupefacientes— y extendió simultáneamente sus acciones hacia la parte alta de Meléndez y el barrio El Vallado en el oriente de la ciudad. Bajo la acción conjunta de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y el Ejército Nacional, el balance preliminar registró capturas e incautaciones de armas y drogas, aplicando además la nueva legislación que impone penas severas de 18 a 30 años de prisión a los adultos que instrumentan a menores de edad en actividades delictivas.
Del despliegue de fuerza a la transformación social
La presencia combinada de la fuerza pública constituye un paso indispensable para detener la violencia inmediata y brindar tranquilidad a comerciantes y habitantes que reclaman transitar sin zozobra. No obstante, las propias autoridades han reconocido que la acción operativa es apenas la puerta de entrada. Para evitar que las dinámicas criminales muten o se desplacen hacia zonas aledañas, el despliegue táctico debe ser seguido de inmediato por la oferta de atención social integral, la recuperación de espacios públicos y la ejecución de proyectos de renovación urbana y desarrollo social que garanticen una presencia estatal permanente y constructiva.
El eslabón más débil de la cadena
Desde una perspectiva analítica y territorial, resulta necesario examinar con objetividad la naturaleza de los entornos intervenidos en horas de la noche. Cuando las fuerzas del orden recorren los callejones del centro en la madrugada, la realidad que emerge se compone predominantemente de expendios minoristas, jíbaros e indigentes sumergidos en la extrema vulnerabilidad. Si bien despejar estas calles alivia el entorno inmediato del ciudadano de a pie, no se puede perder de vista que esta población representa la franja más baja y sustituible de la jerarquía criminal. La presencia policial en los barrios devuelve la percepción de seguridad, pero golpear la distribución callejera no desmantela por sí sola la arquitectura financiera ni la logística que alimenta el negocio ilícito.
Hacia los verdaderos nodos del crimen: Puertos y cabezas visibles
Si el Estado aspira a propinar golpes verdaderamente estructurales al crimen organizado, la estrategia nacional no puede agotar sus capacidades en la persecución del último eslabón de la cadena comercial. El control de las calles caleñas debe complementarse con una labor rigurosa de inteligencia concentrada en la salida de los puertos marítimos, el rastreo de las rutas logísticas continentales y el desmantelamiento de los verdaderos articuladores del negocio. Es en los grandes corredores de exportación, en los nodos de acopio y en los circuitos del lavado de activos donde se concentran los verdaderos jefes de la delincuencia organizada; dejar de lado esos frentes implica permitir que la oferta ilícita siga fluyendo hacia las ciudades independientemente de cuántos operativos se realicen en los barrios.
Un compromiso con la seguridad integral y duradera
Como comunidad, valoramos la determinación institucional de hacer presencia en el territorio y respaldamos la firmeza para recuperar el espacio público en favor de la ciudadanía honesta. Sin embargo, la verdadera victoria de la seguridad en Cali, el Valle del Cauca y de Colombia no se medirá únicamente por la toma física de unas manzanas durante una madrugada, sino por la capacidad del Estado de equilibrar la autoridad local con la inteligencia de alto nivel. Celebrar que la ciudadanía vuelva a sentir la seguridad en sus calles es válido y necesario, pero el compromiso colectivo nos exige recordar que la paz duradera sólo llegará cuando se corten las cabezas de las estructuras criminales y se blinden las vías de acceso y salida de la región, evitando que el costo de la ilegalidad lo sigan pagando los sectores más vulnerables de la sociedad.
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