Nadia Beller declara este miércoles por enriquecimiento ilícito contra Fernando Cerimedo, exasesor de Rodrigo Paz. El caso sacude al poder en Bolivia.
Nadia Beller rompió el silencio tras ataque y apuntó contra Fernando Cerimedo. FOTO : Redes sociales
Por : Redacción del RMC Noticias
Bolivia 1 de septiembre del 2026. El poder suele guardar secretos bajo llave, pero cuando la violencia irrumpe en la esfera pública, la cerradura salta por los aires. Este miércoles, a las 16:30, en las dependencias del Ministerio Público, la abogada y operadora política Nadia Beller ingresará a prestar declaración testifical en un caso que ha dejado de ser un asunto de pasillos para convertirse en una encrucijada institucional. El investigado es Fernando Cerimedo, consultor político argentino de 45 años, hombre clave en la estrategia de comunicación del presidente Rodrigo Paz, y hoy recluso con prisión preventiva en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra.
Lo que inició el pasado 17 de agosto de 2026 como una investigación por intento de femicidio tras un ataque a balazos contra Beller en las inmediaciones de un céntrico hotel cruceño, ha mutado en una trama compleja. La víctima acusó directamente a Cerimedo —con quien sostenía una relación sentimental— de ordenar el atentado para silenciarla. El intento de fuga del estratega, interceptado esa misma noche en el aeropuerto de Viru Viru rumbo a Buenos Aires, fue apenas el primer eslabón de una cadena que salpica las estructuras del Estado.
De las balas a las arcas públicas: la radiografía de un escándalo
Allanamientos, dólares y tecnología satelital.
El dictamen de 180 días de detención preventiva por la tentativa de homicidio abrió la puerta a una serie de registros judiciales que cambiaron el rumbo de la causa. En al menos cinco inmuebles vinculados al consultor, los investigadores no solo hallaron importantes sumas de dinero en efectivo y teléfonos con tecnología satelital, sino también un vehículo del parque automotor oficial y una infraestructura informática descrita por las autoridades como una "mini granja de bots".
Las aprehensiones no tardaron en multiplicarse. Tres presuntos cómplices permanecen bajo custodia: dos personas acusadas de encubrimiento y provisión del arma de fuego empleada por los sicarios, y un exmilitar detenido en La Paz que ejercía la representación legal de una casa de cambios sospechada de canalizar los flujos financieros de la red.
El triple frente judicial que asedia al estratega
Tras el atentado, las revelaciones ofrecidas por Beller sirvieron de insumo para que la Fiscalía Departamental de La Paz abriera una investigación por enriquecimiento ilícito y corrupción estatal. Los señalamientos apuntan a un esquema irregular de distribución discrecional de combustible, seguros de cobertura pública y transacciones con oro, salpicando incluso el entorno cercano de la primera dama, María Elena Urquidi.
A este frente se suma un tercer expediente abierto en la jurisdicción del Beni, encabezado por el fiscal Alexander Mendoza. Allí se indaga la presunta instalación subrepticia de dispositivos GPS en aeronaves civiles con el objetivo de vigilar el espacio aéreo y garantizar la cobertura logística a vuelos irregulares vinculados al tráfico de sustancias controladas.
La red transnacional: entre la "guerra cultural" y el poder político
Los hallazgos informáticos incautados en Santa Cruz no constituyen un hecho aislado. La propia denunciante ha manifestado que los negocios ilícitos investigados tocan vasos comunicantes entre sectores de la administración de Rodrigo Paz y el entorno del mandatario argentino Javier Milei. Más allá del ámbito financiero, Cerimedo es identificado como un operador articulador en redes continentales dedicadas a la polarización mediática mediante el uso de cuentas automatizadas y la difusión sistemática de contenidos orientados a incidir en la opinión pública.
Este tipo de estructuras de desinformación, con antecedentes de desarrollo operativo en Brasil y proyección en Argentina y México, encuentran en la infraestructura confiscada en Bolivia una pieza funcional de un entramado mucho más amplio.
Repercusiones en la administración de Rodrigo Paz
Frente a la magnitud del proceso, el Órgano Ejecutivo ha optado por una postura de contención, catalogando a Cerimedo como un prestador de servicios externo circunscrito al área técnica de la comunicación. Sin embargo, la presencia de bienes estatales en las propiedades allanadas y la gravedad de las imputaciones dificultan sostener el argumento del aislamiento operativo.
Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional se han multiplicado los reclamos de fiscalización. Asambleístas de distintas bancadas han planteado la necesidad de transparentar el alcance real de las asesorías prestadas en el palacio gubernamental y sugieren la conformación de una comisión de seguimiento con participación de organismos internacionales.
"La Asamblea Legislativa no va a descansar hasta que se sepa exactamente qué es lo que ha pasado con el señor Cerimedo."— José Manuel Ormachea, senador nacional.
El imperativo ético de la transparencia institucional
Lo que se juzga en esta causa trasciende la conducta individual de un consultor o las rencillas de un entorno de poder. Este proceso pone a prueba la solidez del sistema institucional boliviano frente a la penetración de influencias informales en las decisiones públicas. La violencia física ejercida sobre una testigo y el presunto uso de bienes del Estado para fines privados o ilícitos no admiten medias tintas en el terreno de la justicia.
La citación de este miércoles representa una oportunidad ineludible para que el Ministerio Público actúe con la independencia que la gravedad de los hechos exige. La ciudadanía requiere garantías de que el marco legal se aplica con el mismo rigor a los ciudadanos de a pie que a quienes frecuentan los despachos del poder. La credibilidad de las instituciones no se defiende con comunicados de distanciamiento, sino con investigaciones exhaustivas que demuestren que la ley sigue estando por encima de cualquier conveniencia política.
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