Con un aumento del 40 % en la sobretasa ambiental y vacíos de representación, la creación del Área Metropolitana pone en jaque la inversión ecológica regional.
Por: Paulina Arango M
Santiago de Cali-octubre 19- 2026. El debate sobre el ordenamiento territorial en el Valle del Cauca atraviesa un punto crítico tras la socialización de los alcances reales del Área Metropolitana del Suroccidente (AMSO). Aunque la promesa de consolidar un núcleo de desarrollo integrado entre Cali, Jamundí y Puerto Tejada pretendía proyectar una región más fuerte, la viabilidad de este modelo hoy genera severos cuestionamientos. La baja representatividad democrática en su origen —con la participación de penas 238.189 votantes de los 2.418.096 ciudadanos habilitados (un respaldo efectivo de apenas 5,32 % del censo electoral)— siembra dudas sobre la legitimidad de un cambio institucional de semejante magnitud, al tiempo que excluye a nodos económicos vitales como Palmira y Yumbo.
Más allá del ámbito político, el primer golpe de realidad lo sentirá de manera directa el contribuyente. Se proyecta un incremento cercano al 40 % en la sobretasa ambiental, cobro que se trasladará de forma inmediata al impuesto predial de los habitantes en los municipios involucrados. En un contexto socioeconómico resentido, donde las familias aún asimilan presiones financieras recientes, imponer una carga tributaria automática sin un periodo de adaptación pedagógico ni ventajas operativas tangibles resulta una medida desmedida y desarticulada de la realidad social que viven los hogares caleños y jamundeños.
El dilema de fondo va mucho más allá de las finanzas municipales; pone en juego la sostenibilidad del ecosistema regional. Históricamente, los recursos recaudados a través de la sobretasa ambiental —que rondan los $158.000 millones— se han redistribuido bajo un principio de solidaridad territorial consagrado en la Ley 99 de 1993. La norma exige que la mitad de lo recaudado en las capitales financie programas de reforestación, saneamiento y protección de cuencas en los demás municipios. Fragmentar esta bolsa común para concentrarla únicamente en la jurisdicción de la AMSO desampara las dinámicas ambientales de los otros 40 municipios vallecaucanos, dividiendo la gestión ecológica donde la naturaleza no reconoce fronteras administrativas.
La transición operativa plantea, además, dudas fundadas sobre la capacidad de respuesta frente al entorno natural. A casi dos años de su creación oficial, la AMSO no cuenta con la infraestructura técnica, administrativa ni el capital humano experimentado para asumir de inmediato las competencias de autoridad ambiental. Transferir responsabilidades de manera abrupta sin un esquema de empalme gradual pone en riesgo proyectos sociales e inversiones ambientales de largo plazo previamente pactadas con comunidades negras, indígenas y organizaciones ecológicas locales, cuya continuidad técnica demanda experiencia probada e institucionalidad consolidada.
Frente a esta coyuntura, las acciones legales emprendidas y las observaciones formuladas por los voceros del Consejo Directivo de la CVC —entre ellos la Gobernación, los gremios, las ONG y la representación de los alcaldes— reflejan una preocupación compartida sobre el debido proceso. La ausencia de espacios de consulta previa con comunidades étnicas y las deficiencias informativas durante el proceso consultivo señalan falencias de fondo. La exigencia colectiva no busca frenar la integración regional, sino defender una planificación responsable que respete los compromisos vigentes y proteja la estabilidad institucional.
Como sociedad vallecaucana, debemos reflexionar sobre la visión de desarrollo que queremos construir. La integración entre municipios no puede convertirse en un ejercicio de aislamiento fiscal ni en un costo desproporcionado para los ciudadanos. La preservación de nuestras cuencas, nuestro aire y nuestra biodiversidad requiere una visión solidaria, gradual y participativa. Salvaguardar la fortaleza técnica del territorio y exigir responsabilidad tributaria es un deber ciudadano para asegurar que el progreso de unos pocos no signifique el deceso ambiental ni económico de toda una región.
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