Sindicatos, movimientos sociales y oposición se movilizan este jueves en todo el país para rechazar la "Ley de Rescate Económico" o reforma tributaria, en medio de un pulso político por el futuro de empresas estatales como Ecopetrol e ISA y nuevas propuestas tributarias como el cobro de impuestos a las iglesias.
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Por : Paulina Arango M
El origen de la convocatoria
El próximo jueves 19 de noviembre, organizaciones sindicales, campesinas, indígenas, afrodescendientes, estudiantiles, de mujeres y sectores políticos llevarán a cabo una jornada de Paro Nacional en las distintas regiones de Colombia. Esta movilización surge como resultado del Encuentro Nacional por la Defensa de la Vida, la Dignidad, la Democracia, la Paz, la Soberanía y las Reformas Sociales, un espacio que reunió a más de 1.500 delegados de todo el territorio nacional y en el cual se declaró formalmente la oposición político-social al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella.
El pulso fiscal, la venta de activos y las alternativas tributarias
El eje central de la protesta radica en el rechazo al proyecto de Ley de Rescate Económico, una iniciativa que los sectores convocantes señalan como una reforma tributaria encubierta bajo una narrativa de emergencia fiscal. De acuerdo con los análisis presentados sobre el articulado, el 75,32 % del ajuste fiscal recaería sobre mayores ingresos tributarios y contribuciones ciudadanas, frente a un 24,68 % de reducciones en el gasto estatal. Aunque inicialmente se advirtió sobre un posible incremento del IVA del 5 % al 19 % para productos cotidianos —una medida que el Gobierno nacional manifestó retirar en una reciente alocución—, el descontento persiste por las mayores cargas sobre los ingresos laborales, el aumento progresivo de los aportes a salud del 4 % al 8 % para ciertos trabajadores y las facultades para fusionar o suprimir entidades públicas.
A la discusión sobre el recaudo se suman propuestas opuestas sobre cómo financiar el Estado y proteger el patrimonio público. Por un lado, dentro del debate sobre la Ley de Rescate impulsada en el marco del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, el Centro Democrático —a través de figuras como Álvaro Uribe Vélez y el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco— propuso como alternativa la venta parcial de la participación accionaria estatal en Ecopetrol, ISA y otras empresas públicas, priorizando al sector solidario y a inversionistas institucionales bajo esquemas de administración independiente. Esta iniciativa, respaldada también en la discusión económica por centros como la ANIF para aliviar las necesidades de financiamiento y deuda sin recurrir a alzas tributarias, incluye además la propuesta de desmontar completamente el impuesto al patrimonio, el impuesto de timbre y los gravámenes saludables a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados; sin embargo, los movimientos sociales rechazan esta vía al considerarla una privatización que compromete activos estratégicos del país. Por otro lado, desde el Pacto Histórico, el senador Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, conocido como «Wally», planteó gravar con impuestos a las iglesias y organizaciones religiosas que participan en política o financian campañas, estimando que, sobre ingresos brutos superiores a los $8,06 billones, una tarifa del 19 % en determinados «meganegocios» podría generar un recaudo cercano a los $1,5 billones anuales.
A este complejo panorama tributario se añade la preocupación por la estructura del presupuesto nacional. Según las cifras citadas por los organizadores del paro, el servicio de la deuda pública pasaría de representar el 18,4 % del presupuesto en 2026 al 24,5 % en 2027, mientras que la participación de la inversión social y productiva disminuiría del 16 % al 14 %. Además del plano económico, la agenda de movilización incluye el rechazo a iniciativas como el estatuto antiterrorista y la ley de paz impulsadas por el Ejecutivo, argumentando que estas medidas restringen las garantías democráticas y afectan derechos adquiridos.
El debate sobre el modelo de país y la justicia fiscal
Mientras el Gobierno nacional ajusta su discurso y defiende la necesidad de medidas de choque para estabilizar las finanzas públicas —con propuestas paralelas que buscan financiar el déficit mediante la enajenación parcial de empresas públicas y la reducción de impuestos específicos—, las plataformas convocantes insisten en que el ajuste no debe resolverse debilitando el patrimonio estatal ni sacrificando el poder adquisitivo de las familias trabajadoras. En cambio, exigen una tributación verdaderamente progresiva, la defensa de la propiedad pública y el fortalecimiento de la producción nacional.
La jornada del 19 de noviembre se perfila así como un termómetro clave en el escenario político colombiano, poniendo sobre la mesa visiones profundamente opuestas sobre quién debe asumir el costo del ajuste económico. Más allá de las concesiones coyunturales o los proyectos en trámite, el debate abierto invita a reflexionar sobre el modelo de desarrollo que necesita Colombia: uno basado en la venta de activos públicos y la desregulación tributaria, o uno sustentado en la equidad fiscal, la soberanía económica y la garantía efectiva de los derechos fundamentales.


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