Una coalición multipartidista busca irrumpir en la contienda hacia la Cámara de Representantes en 2026
Por: Paulina Arango M
Una alianza que reúne tradiciones y nuevas agendas sociales
El acuerdo integra al Partido La Fuerza de la Paz, Esperanza Democrática (ED), el Partido del Trabajo de Colombia (PTC) y la organización social Movimiento Nacional SOS Colombia, representados por Ricardo José Castro Iragorri, Nohra Patricia Buriticá Céspedes, Marcelo Torres Benavides y Wilder René Castiblanco Mandon, respectivamente. La articulación de estas organizaciones responde a una lógica estratégica: su votación individual sumada no supera el 15% de los votos válidos en la elección pasada, requisito establecido en el artículo 29 de la Ley 1475 de 2011 para habilitar coaliciones de listas territoriales. La alianza se proyecta como un frente progresista con vocación de alternativa.
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Un acuerdo sustentado en marco jurídico y precedentes electorales
Lejos de ser una unión improvisada, el Frente Amplio Unitario se sustenta en una base normativa que incluye el artículo 262 de la Constitución Política, la Ley 1475 de 2011 y fallos del Consejo de Estado entre 2018 y 2019, además de resoluciones del CNE entre 2019 y 2021. Las referencias legales citadas en el documento buscan blindar la coalición de disputas posteriores, especialmente en materia de avales, reposición de votos, límites de financiación y responsabilidades contables. Cada partido conserva autonomía administrativa, dejando claro que esta alianza no implica fusión orgánica, sino un instrumento estrictamente electoral.
Lista preferente: rostros y apuestas para un Congreso con nuevos equilibrios
La coalición inscribió una lista de 13 candidatos, con voto preferente, encabezada por Aelin Michelle Obando Calvache (La Fuerza de la Paz), seguida por nombres provenientes de las colectividades firmantes, entre ellos Eloisa Montaño Guerrero (PTC), Laureano Castellanos Hoyos (Esperanza Democrática) y Víctor Hugo Vidal Piedraita (La Fuerza de la Paz). La presencia mayoritaria de La Fuerza de la Paz dentro de la lista revela el peso político que esta colectividad asume dentro del acuerdo, mientras que la inclusión de perfiles diversos pretende equilibrar representación territorial, enfoque social y experiencia comunitaria.
Financiación, control y vigilancia: el corazón técnico del acuerdo
El documento dedica buena parte a definir el modelo financiero: apertura de cuentas independientes, responsabilidades de gerentes y contadores, trazabilidad de recursos y obligación de reportar informes individuales. La reposición de votos se repartirá entre los partidos según su votación preferente y, en el caso de los sufragios emitidos por el logo de la coalición, la distribución será equitativa entre las colectividades con personería jurídica. El Partido La Fuerza de la Paz asumirá la auditoría interna, centralizando la verificación contable para cumplir con los parámetros del CNE y garantizar transparencia en la campaña.
Disciplina política y resolución de conflictos: un mecanismo para evitar fracturas
Consciente de los riesgos de dispersión interna, la coalición creó un Comité de Decisión Central, encargado de resolver desacuerdos interpretativos, regulatorios o de propaganda electoral. Además, el acuerdo delimita que, en caso de ser elegidos, los miembros de la lista conformarán bancadas separadas, respetando la Ley 974 de 2005 y evitando la figura de bancada conjunta. Esta decisión busca mantener la identidad ideológica de cada colectividad, al tiempo que fomenta una articulación política mínima para debates comunes en el Congreso. El énfasis en disciplina ética y responsabilidad individual es una respuesta a la creciente exigencia ciudadana de transparencia en lo público.
Un acuerdo que interpela a la ciudadanía: reflexiones ante un momento decisivo
El Frente Amplio Unitario se perfila como un ejercicio político que trasciende la simple disputa de una curul y propone una forma alternativa de articulación entre partidos que, históricamente, han operado de manera dispersa. Sin embargo, la solidez de esta apuesta no dependerá únicamente de su formalización jurídica, sino de su capacidad real para mantener coherencia ética, claridad programática y responsabilidad social durante la campaña y, eventualmente, en el ejercicio legislativo. En un contexto donde la desconfianza hacia la política es creciente, la coalición plantea la pregunta central sobre si las alianzas pueden pasar de ser acuerdos electorales a convertirse en compromisos sostenidos con lo público. La ciudadanía, lejos de ocupar un rol pasivo, está llamada a vigilar, cuestionar y participar activamente: la renovación democrática solo es posible cuando la sociedad decide involucrarse y exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos.
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