Entre el fallo del Consejo de Estado y la defensa del "salario vital" de Petro, millones de trabajadores enfrentan un limbo económico sin precedentes.

Por: Paulina Arango M | 13 de febrero de 2026

La decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 1469 de 2025 no es un simple trámite jurídico: es un punto de inflexión en la discusión sobre el rumbo económico del país. El aumento del 23% al salario mínimo, impulsado por el Gobierno nacional, quedó en pausa bajo el argumento de que no cumplía con los criterios técnicos exigidos por la ley. La medida no elimina el decreto de fondo, pero sí envía un mensaje contundente sobre los límites del Ejecutivo cuando se trata de intervenir en variables sensibles como el ingreso básico de millones de trabajadores.

La base legal: productividad e inflación como ejes obligatorios

El alto tribunal sustentó su decisión en la Ley 278 de 1996, que establece que todo ajuste del salario mínimo debe considerar factores como la productividad y la inflación. Según cifras del DANE, la inflación anual cerró 2025 alrededor del 9%, mientras que los indicadores de productividad no respaldarían un salto del 23%. Para los magistrados, apartarse de esos parámetros podría configurar un exceso en el ejercicio de la potestad reglamentaria. La discusión, por tanto, no gira únicamente en torno a la cifra, sino al respeto por el procedimiento técnico que da estabilidad a las reglas económicas.

Efecto inmediato: pagos sin retroactividad y calma transitoria

En el terreno práctico, la suspensión no tendrá efectos retroactivos. Los salarios ya liquidados con el incremento del 23% no deberán devolverse, y la primera quincena de febrero se pagará conforme a lo previsto. El Ministerio de Trabajo ha recomendado mantener el flujo de pagos mientras el Ejecutivo dispone de ocho días para emitir un nuevo decreto transitorio. Esta ventana jurídica evita un caos administrativo inmediato, pero no despeja la incertidumbre sobre el ingreso real que recibirán los hogares en los próximos meses.

El Ejecutivo responde: defensa del “salario mínimo vital”

Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro ha defendido la medida como una herramienta para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. El mandatario sostiene que el incremento no compromete la estabilidad de precios y que responde al mandato constitucional de garantizar condiciones dignas. La narrativa oficial ha trascendido el plano técnico para convertirse en un llamado político, en el que la suspensión judicial se presenta como un obstáculo frente a la justicia social.

Reacciones políticas: respaldo y advertencia desde el Congreso

Las voces del Congreso no tardaron en pronunciarse. El embajador ante el Reino Unido, precandidato exsenador Roy Barreras  calificó la suspensión como un episodio que “reabre el debate sobre el alcance social del Estado”, defendiendo la tesis de que el salario debe blindarse frente a la pérdida del poder adquisitivo. En contraste, el representante a la Cámara Julián López pidió prudencia y respeto por la institucionalidad, señalando que cualquier reforma salarial debe sostenerse sobre cifras verificables y no sobre pulsos políticos. Ambas posturas reflejan la fractura ideológica que hoy atraviesa al Legislativo frente a la tensión entre justicia distributiva y disciplina fiscal.

El riesgo silencioso: indexación y efecto dominó en precios

Más allá de la pugna institucional, el impacto real se mide en el mercado cotidiano. En Colombia, múltiples tarifas —arriendos, multas, servicios y cuotas administrativas— se indexan al salario mínimo. Cuando este sube, los costos se ajustan con rapidez; cuando baja o se modera, rara vez retroceden. La experiencia histórica muestra que la inflación posee una inercia difícil de revertir. Si el nuevo decreto reduce el incremento a un rango cercano al 9% o 10%, como sugieren algunos analistas, podría abrirse una brecha entre precios ya elevados y un salario real que no alcance a compensarlos.

Empresarios y juristas: entre la seguridad jurídica y el empleo

El sector empresarial observa el escenario con cautela. Argumenta que un aumento sin respaldo en productividad podría presionar la contratación formal y estimular la informalidad. Juristas, por su parte, interpretan la decisión del Consejo de Estado como una advertencia preventiva que busca evitar un fallo definitivo más severo. En un año políticamente sensible, el equilibrio entre generación de empleo y justicia salarial se convierte en un factor determinante para la confianza inversionista y la estabilidad laboral.

El salario como símbolo de confianza institucional

Lo que está en juego no es solo una cifra en la nómina, sino la credibilidad de las instituciones. El país enfrenta una pregunta de fondo: ¿puede la equidad construirse al margen de los límites técnicos que garantizan sostenibilidad? La tensión entre derecho laboral y disciplina macroeconómica no debería resolverse en la confrontación callejera ni en la rigidez inflexible. Requiere diálogo técnico, transparencia en las cifras y responsabilidad política.

Como sociedad, debemos exigir que el salario mínimo sea verdaderamente vital, pero también viable. De lo contrario, el remedio podría agravar la enfermedad: un aumento que pretenda aliviar el bolsillo, pero termine erosionado por la inflación y la incertidumbre. La lección es clara: sin reglas sólidas y consensos responsables, la justicia social corre el riesgo de convertirse en promesa efímera.