El mayor operativo del año en el centro del Valle deja resultados contundentes, pero el reto sigue siendo sostener la seguridad más allá del impacto mediático.

    Foto : Comunicaciones Gobernación del Valle Del Cauca

Tuluá, Valle del Cauca – A las 3:30 de la madrugada, cuando la mayoría de Tuluá aún dormía, más de 400 uniformados comenzaron a desplegarse en distintos puntos estratégicos del municipio. La denominada “Mega Toma”, articulada entre la Gobernación del Valle, la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea, no fue un simple operativo relámpago: representó el movimiento de seguridad más amplio en lo que va del 2026 en el centro del departamento. El resultado preliminar: 21 allanamientos, 70 capturas, incautación de tres toneladas de marihuana, armas de fuego y recuperación de 13 vehículos, según el balance oficial entregado por las autoridades regionales.

Golpe a estructuras con poder territorial

Entre los capturados figuran alias ‘La Gorda’, señalada como presunta cabecilla del Frente 57 de las disidencias de Iván Mordisco en zona rural de La Marina, y alias ‘Pipo’, vinculado a la dinamización de homicidios en Tuluá y municipios vecinos como Andalucía y Bugalagrande. La relevancia de estas capturas no radica únicamente en los nombres, sino en el desmantelamiento parcial de redes que combinan microtráfico, sicariato y extorsión, un triángulo criminal que, de acuerdo con informes de la Fiscalía General de la Nación, explica buena parte de los homicidios selectivos en corredores estratégicos del suroccidente colombiano.

La extorsión: el delito que asfixia en silencio

Más allá de la espectacularidad de las cifras, el impacto real se mide en la vida cotidiana. La incautación de 49 celulares, presuntamente utilizados para coordinar cobros ilegales, apunta a uno de los delitos más sensibles: la extorsión a comerciantes. Según datos del Ministerio de Defensa, el delito de extorsión en Colombia registró más de 9.500 denuncias en 2025, siendo los departamentos con economías intermedias especialmente vulnerables a este fenómeno. En Tuluá, pequeños empresarios han denunciado presiones económicas que afectan la generación de empleo local. Desarticular estos nodos significa, en teoría, aliviar esa carga invisible.

Tecnología y control territorial: la nueva fórmula

La operación integró herramientas como el sistema aéreo RAPTOR y drones de vigilancia, permitiendo monitoreo en tiempo real mientras unidades del GOES, Gaula y Ejército intervenían en tierra. Esta coordinación interinstitucional busca reducir márgenes de escape y anticipar movimientos en zonas críticas. La estrategia responde a una realidad: el crimen organizado ya no opera de forma improvisada, sino con logística, inteligencia y movilidad constante. La respuesta estatal, por tanto, debe ser proporcional en tecnología y capacidad operativa.

Más de 3.000 verificaciones: presencia en calles y carreteras

Durante la jornada se realizaron más de 3.000 verificaciones de antecedentes a personas y vehículos. Este componente preventivo envía un mensaje claro de control territorial, especialmente en un municipio que ha sido señalado por autoridades nacionales como punto neurálgico de disputas criminales en el Valle. Sin embargo, la experiencia demuestra que estos picos de intervención deben traducirse en permanencia institucional para evitar el llamado “efecto globo”, donde las estructuras se desplazan a municipios vecinos.

El desafío regional: evitar la migración del delito

La comandancia de la Policía Valle anunció que operativos similares se extenderán a Buga, Cartago y Roldanillo, con el objetivo de ejercer presión simultánea en el corredor centro-norte del departamento. Expertos en seguridad urbana advierten que la fragmentación territorial del crimen exige respuestas coordinadas; de lo contrario, los golpes aislados pierden efectividad. La clave será sostener inteligencia, judicialización sólida y articulación con la Fiscalía para que las capturas se traduzcan en condenas.

Una victoria necesaria, pero no definitiva

Celebrar 70 capturas es legítimo. Representa acción, coordinación y una señal de autoridad. Pero como sociedad debemos preguntarnos si estas intervenciones serán el inicio de una política sostenida o un episodio de alto impacto mediático. La seguridad no se consolida únicamente con operativos masivos; requiere inversión social, oportunidades económicas y confianza ciudadana para denunciar.

Desde esta redacción sostenemos una postura clara: la presencia del Estado debe ser constante y coherente, no episódica. Tuluá necesita resultados que se mantengan en el tiempo, procesos judiciales sólidos y una estrategia integral que combine fuerza legítima con prevención social. Solo así el silencio que rompieron las sirenas en la madrugada podrá transformarse en una tranquilidad duradera y no en una pausa momentánea.