Redes sociales y grupos armados intensifican la captación de menores en el Valle del Cauca
Por: Paulina Arango M- | 14 de febrero de 2026
El fenómeno no es nuevo en Colombia, pero su transformación —marcada por el uso sistemático de redes sociales y economías ilegales urbanas— redefine el mapa del riesgo para la niñez caleña.
El reclutamiento infantil en Cali: cifras que alertan
Durante 2024, al menos 30 menores fueron reportados como desaparecidos en Cali bajo circunstancias asociadas a posibles dinámicas de reclutamiento. A nivel nacional, el Registro Único de Víctimas ha documentado 8.942 personas vinculadas a grupos armados siendo aún menores de edad. Solo en 2024 se registraron más de 620 casos confirmados en el país, aunque organizaciones internacionales advierten un alto subregistro.
El alcalde Alejandro Eder advirtió recientemente que el delito se encuentra en “uno de sus momentos más complejos”, con patrones de captación que inician en entornos urbanos y concluyen en corredores rurales estratégicos para estructuras armadas.
La ecuación es perversa: pobreza estructural, economías ilegales en expansión y una narrativa digital que romantiza la pertenencia armada.
Redes sociales y reclutamiento infantil: el nuevo campo de batalla
TikTok, Facebook y el “grooming” armado
Las plataformas digitales se han convertido en canales de aproximación directa. Perfiles que exhiben motocicletas, armas y dinero en efectivo contactan a adolescentes con promesas de ingresos mensuales y reconocimiento social.
Autoridades locales han identificado tres patrones recurrentes: Promesas económicas inmediatas, dirigidas a jóvenes en contextos de precariedad. Estrategias de enamoramiento y manipulación emocional, especialmente contra niñas y adolescentes. Pagos por captación, donde intermediarios reciben sumas que pueden oscilar entre 500.000 y 2.000.000 de pesos por menor vinculado.
La secretaria de Paz y Cultura Ciudadana, Nigeria Rentería Lozano, ha insistido en que “proteger a los niños es una responsabilidad colectiva”. Sin embargo, los reportes de campo indican que las escuelas en sectores vulnerables enfrentan presiones indirectas de estructuras ilegales que buscan normalizar su presencia.
Menores en el conflicto armado: de víctimas a escudos humanos
Informes de seguridad señalan que algunas disidencias utilizan a menores como anillos de protección en operaciones armadas, aprovechando las restricciones operativas de la Fuerza Pública frente a población infantil. La crudeza del método revela una degradación ética profunda: los niños no son entrenados como combatientes, sino expuestos como escudos.
Al cierre de 2025, el equipo de Acción Inmediata de Cali activó 23 rutas de atención por amenaza directa de reclutamiento. La cifra, aunque oficial, no refleja necesariamente la totalidad del fenómeno.
En paralelo, iniciativas legislativas como el Proyecto de Ley 145 de 2024 buscan endurecer sanciones y fortalecer la política criminal frente al uso de menores en estructuras armadas. La discusión, sin embargo, trasciende el aumento de penas: el problema es preventivo, territorial y cultural.
Cali y la deuda estructural con su infancia
La ciudad enfrenta una paradoja: actos simbólicos contundentes y respuestas institucionales que aún no logran contener el avance del reclutamiento infantil. Las campañas como “Mambrú no va a la Guerra, va por sus Sueños” cumplen una función pedagógica, pero el fenómeno muta con mayor velocidad que la capacidad de reacción estatal.
Las bandas criminales transnacionales que operan en el suroccidente colombiano han entendido que el control territorial comienza por capturar generaciones.
La pregunta de fondo no es cuántos menores han sido reclutados, sino cuántos están hoy en riesgo inminente.
la niñez no puede seguir siendo frontera de guerra
Cali no puede normalizar que sus adolescentes desaparezcan con la misma frecuencia con la que circulan videos virales en redes sociales. El reclutamiento infantil no es una estadística más en el balance de seguridad; es el síntoma de una fractura social que combina desigualdad, debilidad institucional y economías criminales en expansión.
La respuesta no puede limitarse a actos simbólicos ni a discursos de coyuntura. Se requiere inteligencia digital preventiva, presencia territorial sostenida, inversión social focalizada y una política criminal coherente que rompa las cadenas de financiación de los reclutadores.
Como sociedad, debemos asumir que cada menor captado representa un fracaso colectivo.
La protección de la infancia no admite gradualismos ni cálculos políticos. Si Cali no logra blindar a sus niños hoy, mañana no habrá campaña suficiente que repare el vacío que deja una generación perdida. La reflexión es urgente y la acción, impostergable.
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