El Gobierno Nacional cierra la puerta al rescate de pasivos privados mientras implementa un plan de choque para estabilizar la Nueva EPS.
Por: Paulina Arango | 17 de febrero de 2026
La sostenibilidad del sistema de salud en Colombia atraviesa uno de sus momentos más críticos. Tras una reciente sesión del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, el panorama financiero de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) ha tomado un giro definitivo: el Estado no se hará cargo de las deudas de las EPS privadas derivadas de presuntos actos de corrupción o mala administración. Con un hallazgo de facturas ocultas que asciende a billones de pesos, el debate se traslada ahora a la estabilidad del presupuesto nacional y la continuidad del servicio para millones de ciudadanos.
El rechazo a los pasivos privados
El presidente Gustavo Petro ha sido enfático al declarar que la Nación no cubrirá las obligaciones financieras de los propietarios de EPS señalados por desvío de recursos. Esta decisión responde a una lógica de protección de la estabilidad financiera del país, ya que asumir estas deudas privadas incrementaría significativamente el déficit fiscal y pondría en riesgo los recursos públicos destinados a garantizar el derecho fundamental a la salud.
Desde la perspectiva gubernamental, el Estado solo tiene la obligación legal de responder por aquellas entidades donde posee participación como accionista, como es el caso de la Nueva EPS. El mandatario subrayó que “el pueblo colombiano no tiene por qué pagar deudas privadas”, advirtiendo que de hacerlo, se comprometerían de manera directa las inversiones sociales del país.
El caso de la Nueva EPS: 5 billones en facturas no registradas
Uno de los puntos más alarmantes del análisis actual es la situación de la Nueva EPS. Tras la intervención estatal, se reportó el hallazgo de aproximadamente 5 millones de facturas no registradas en los estados financieros oficiales, cuyo valor asciende a los 5 billones de pesos.
Para evitar un colapso sistémico que afectaría gravemente a la red hospitalaria pública y privada, el Ejecutivo ha diseñado un plan de choque que incluye entre 4 y 5 billones de pesos proyectados. El uso de vigencias futuras para restablecer la operación y devolver la confianza institucional.
Corrupción y tensiones políticas
El análisis de las deudas no es solo contable, sino también judicial. Existen investigaciones en curso, como el caso de Coosalud, donde se rastrea el posible extravío de 200.000 millones de pesos. El Gobierno ha solicitado que las auditorías forenses sean remitidas a la Fiscalía para acelerar los procesos judiciales contra los responsables de estas irregularidades.
En el plano político, esta crisis financiera está íntimamente ligada al debate de la Reforma a la Salud en el Congreso. Según el Ejecutivo, existen intereses económicos que han intentado frenar el cambio legislativo, utilizando la crisis del sector como una herramienta de presión.
Impacto social y económico del modelo
La crisis de deuda tiene un efecto dominó: primero, la Red Hospitalaria: Una eventual liquidación de grandes entidades como la Nueva EPS desestabilizaría a los prestadores de servicios en todo el país. Segundo, Acceso a Servicios: La incertidumbre financiera genera tensiones presupuestales que dificultan el acceso efectivo a tratamientos y medicamentos y tercero, Sostenibilidad: Se está reconfigurando el modelo de aseguramiento, pasando de un sistema con alta carga de pasivos privados a uno donde se busca mayor control estatal sobre los recursos públicos.
Perspectiva futura
El futuro del sistema de salud en Colombia dependerá de la efectividad del plan de estabilización de la Nueva EPS y de las decisiones legislativas de las próximas semanas. Mientras el Gobierno mantenga su postura de no rescatar deudas privadas, la presión sobre las EPS en crisis aumentará, obligando a una reestructuración profunda del sector. La clave estará en lograr que el saneamiento de las cuentas no afecte la calidad del servicio para el usuario final.
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