La iniciativa que promueve agricultura sostenible, acceso al crédito y transformación legislativa busca redefinir el crecimiento sin sacrificar el medio ambiente

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Por: Paulina Arango M | 12 de febrero de 2026

Hablar de empleo sostenible ya no es un ejercicio retórico, sino una urgencia estructural. En un país donde la informalidad laboral supera el 55% según cifras recientes del DANE y donde la presión sobre los recursos naturales es creciente, la pregunta no es si debemos cambiar el modelo productivo, sino cómo hacerlo sin profundizar la desigualdad. La propuesta impulsada por Alejandro de Lima parte de una premisa clara: el desarrollo económico y la protección ambiental no pueden seguir transitando por caminos separados. La idea de un “nuevo contrato social” sugiere que el trabajo digno y la defensa de la “casa común” deben integrarse en una misma ecuación.

Crédito con propósito: oxígeno para emprender sin destruir

Uno de los pilares planteados es la creación de créditos preferenciales orientados a pequeños y medianos empresarios que adopten prácticas sostenibles. El planteamiento no se limita a facilitar recursos financieros; busca desmontar trámites excesivos que históricamente han cerrado la puerta a iniciativas productivas emergentes. De acuerdo con el Banco Mundial, el acceso al financiamiento sigue siendo una de las principales barreras para el crecimiento empresarial en América Latina. Democratizar ese acceso bajo criterios ambientales podría convertirse en un incentivo real para que la innovación empresarial no esté reñida con la responsabilidad ecológica.

El campo como eje de soberanía y empleo

La transformación propuesta ubica al sector rural en el centro del debate. Colombia posee más de 40 millones de hectáreas con vocación agropecuaria, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), pero buena parte de su potencial productivo sigue subutilizado. Fortalecer la agricultura sostenible y expandir los mercados orgánicos no es únicamente una apuesta ambiental; es una estrategia de empleo y seguridad alimentaria. Integrar la experiencia técnica de entidades como la CVC y el DAGMA permitiría traducir conocimiento ambiental en rentabilidad real para el productor.

Mercado orgánico y valor agregado nacional

El mercado global de productos orgánicos ha mostrado un crecimiento sostenido en la última década, según reportes de la FAO, y Colombia aún tiene un amplio margen de expansión en este segmento. Promover cadenas de comercialización directa —del productor al consumidor— no solo reduce intermediarios, sino que fortalece economías locales. Apostarle a sellos de calidad y trazabilidad puede convertir al campesino en protagonista de un modelo más justo. La sostenibilidad, en este sentido, deja de ser discurso ambientalista para convertirse en estrategia económica.

Del discurso a la legislación con resultados medibles

El reto, sin embargo, radica en la implementación. La política pública en Colombia ha estado marcada por anuncios ambiciosos que se diluyen en la práctica. La propuesta de llevar esta agenda al Senado bajo el respaldo del Frente Amplio Unitario plantea la necesidad de leyes con indicadores verificables: generación de empleo formal, reducción de huella ambiental y acceso equitativo al crédito. La sostenibilidad integral exige coherencia normativa y seguimiento técnico permanente, no consignas coyunturales.

Empleo verde: una tendencia global que Colombia no puede ignorar

La Organización Internacional del Trabajo estima que la transición hacia economías verdes podría generar millones de empleos en el mundo durante la próxima década. Colombia, con su biodiversidad estratégica, tiene condiciones únicas para insertarse en esa dinámica. Pero ello implica voluntad política, articulación institucional y ciudadanía informada. El empleo sostenible no puede depender únicamente de incentivos aislados; requiere una visión de Estado que combine productividad, justicia social y resiliencia climática.

Una decisión colectiva con impacto generacional

Como sociedad, debemos preguntarnos qué modelo queremos respaldar. La propuesta de vincular crédito, emprendimiento y campo bajo una sombrilla ambiental interpela tanto a votantes como a empresarios y trabajadores. Desde esta tribuna sostenemos que el verdadero progreso no puede medirse solo en cifras de crecimiento trimestral, sino en la capacidad de preservar nuestros ecosistemas mientras garantizamos trabajo digno. La reflexión es inevitable: ¿apostaremos por un desarrollo inmediato y frágil o por una construcción paciente que asegure bienestar para las próximas décadas? El debate está abierto, y el futuro laboral y ambiental del país depende de la coherencia entre nuestras decisiones y nuestras prioridades colectivas.