El actual Presidente de la Cámara oficializa su independencia tras denunciar una "expulsión de facto", blindando su escaño bajo el amparo constitucional y proyectando una renovación para 2026.

Por: Paulina Arango M | 12 de febrero de 2026

La política colombiana asiste hoy a un quiebre que trasciende la simple renuncia partidista. El anuncio de Julián David López Tenorio, quien este 12 de febrero de 2026 oficializó su retiro irrevocable del Partido de la U, no es solo un trámite administrativo; es un manifiesto de resistencia frente a las estructuras tradicionales. Al declarar que su curul "no es de una oficina política, es de la gente", López pone de presente una tensión fundamental en nuestra democracia: la lealtad a los colores de una bandera frente a la responsabilidad con el electorado que, en su caso, suma más de 53.000 voluntades vallecaucanas.

El origen de esta fractura se remonta a octubre de 2025, cuando el lanzamiento del movimiento "La Nueva U" —una apuesta por modernizar y oxigenar los liderazgos internos— fue interpretado por las directivas como una amenaza, no como una evolución. Lo que siguió fue una secuencia de hostigamientos que López califica como una "persecución interna": desde la suspensión provisional de su voz y voto hasta la negación definitiva de su aval para la reelección el pasado 6 de diciembre. Este escenario, más cercano a un castigo político que a una decisión técnica, evidencia cómo el disenso interno sigue siendo un tabú en las colectividades que prefieren el control sobre el pluralismo.

Un escaño protegido por la Constitución

A pesar de las presiones para que devuelva su curul, el soporte jurídico de López es contundente y pedagógico para el ciudadano. En Colombia, la militancia es un derecho voluntario y no una cadena de propiedad del partido sobre el elegido. Basándose en los Artículos 38, 40 y 107 de la Constitución, así como en la Ley 1475 de 2011, López ratifica que la renuncia al partido extingue la calidad de afiliado, pero no anula el mandato popular otorgado en las urnas. Esta distinción es vital: la investidura permanece intacta porque un partido puede negar un aval futuro, pero la ley le impide borrar un hecho democrático pasado.

Esta ruptura no ocurre en el vacío, sino en un departamento, el Valle del Cauca, que enfrenta cifras sociales alarmantes que exigen una representación sin subordinaciones. Los datos son elocuentes: un aumento del 30% en la desnutrición infantil, más de 1.2 millones de personas en condición de pobreza y una deserción escolar que nos ubica en el lamentable "Top 10" nacional. Para López, la defensa de su escaño es también la defensa de una plataforma que busca "liberar al Valle" de un modelo de poder que se percibe estancado y que, según su análisis, no rinde cuentas suficientes ante la crisis de salud y seguridad que atraviesa la región.

Hacia un nuevo mapa de poder en el suroccidente

El horizonte de López ya no está en los logotipos, sino en las alianzas estratégicas de cara a las elecciones legislativas de 2026. Al oficializar su respaldo a la dupla de Juan Pablo Urrea (Cámara) y Duvalier Sánchez (Senado), el Presidente de la Cámara envía un mensaje de renovación generacional. Esta movida sugiere que el verdadero cambio para la Gobernación en 2027 se gesta desde ahora, alterando la composición de las fuerzas que tradicionalmente han dominado el Capitolio Nacional en representación del suroccidente colombiano.

Es imperativo entender que el ejercicio del poder debe alternarse para fortalecer la salud institucional. La decisión de López de no quedarse en silencio ante lo que considera una arbitrariedad de su antigua colectividad sienta un precedente sobre la autonomía del legislador. Cuando una organización política utiliza el aval no como un reconocimiento al mérito o al respaldo popular, sino como una "medida sancionatoria encubierta", se desvirtúa la esencia de la Ley 1475 de 2011, que exige transparencia y equidad en el manejo de las huestes partidistas.

La urgencia de una política con dignidad

Desde esta tribuna, consideramos que el caso de Julián López nos invita a una reflexión profunda sobre la ética de la coherencia. En un sistema donde los partidos suelen funcionar como empresas de avales en lugar de centros de pensamiento, que un líder elija la independencia por encima de la comodidad del carné es un acto de higiene democrática. El Valle del Cauca no necesita más soldados de oficina, sino representantes que entiendan que su poder emana de la calle y no de un escritorio centralizado. ¿Estamos los ciudadanos listos para premiar la autonomía o seguiremos permitiendo que las estructuras cerradas decidan quién puede, o no, representarnos? La respuesta, como siempre, reside en la memoria de los votantes y en la firmeza de quienes, como López, deciden que su voz no tiene precio, sino principios.