Por: Paulina Arango M
Por: Paulina Arango M | 11 de febrero de 2026
La imagen recorrió redes sociales y portales informativos: Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial y reconocido abogado penalista, visiblemente conmovido en la Basílica del Señor de los Milagros de Buga. El episodio, organizado con acompañamiento de líderes religiosos locales, fue presentado como un acto de recogimiento espiritual. Sin embargo, la escena ocurre y varios dias después una controversia judicial que hoy vuelve a poner su nombre en el centro del debate público.
De acuerdo con revelaciones publicadas por Caracol Radio, através de el reporte Daniel Coronel e Infobae (febrero de 2026), el empresario condenado David Murcia Guzmán —fundador de la captadora DMG— interpuso una denuncia disciplinaria contra quien fuera su abogado Abelardo De La Esperiella. La acción fue radicada ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá y es impulsada por su actual defensora, la abogada Sondra Macollins. En el documento, según lo informado por esos medios, se cuestiona la conducta profesional de De la Espriella durante el tiempo en que asumió la representación del condenado.
El punto más delicado de la denuncia gira en torno a 5.000 millones de pesos que, según la versión de Murcia expuesta en medios, habrían sido entregados como honorarios y no reintegrados tras la terminación del mandato. La defensa de De la Espriella ha negado señalamientos de apropiación indebida y ha calificado las acusaciones como infundadas. A la fecha, no existe decisión judicial que establezca responsabilidad disciplinaria, pero la controversia ya tiene efectos en el escenario político.
El expediente también menciona presuntas irregularidades relacionadas con el manejo jurídico del proceso de captura de Murcia en 2008. Según lo publicado por Caracol Radio, la queja sostiene que hubo omisiones frente a hechos vinculados con la detención en Panamá y su posterior traslado. Estos elementos, de confirmarse o descartarse en sede disciplinaria, podrían incidir en la valoración histórica de uno de los casos más emblemáticos de captación ilegal de dinero en Colombia.
El contexto electoral amplifica cada detalle. De la Espriella no solo es abogado litigante, sino precandidato presidencial para 2026, lo que convierte cualquier señalamiento en un asunto de interés público. En campaña, la coherencia entre discurso y trayectoria profesional adquiere una dimensión distinta. Las imágenes en Buga proyectan espiritualidad y cercanía con sectores religiosos; las denuncias, en cambio, evocan cuestionamientos sobre lealtad profesional y manejo de recursos.
La tensión entre fe y responsabilidad pública no es nueva en la política colombiana. Las visitas a templos y las expresiones de religiosidad forman parte habitual del repertorio simbólico de campaña. Sin embargo, cuando coinciden con procesos disciplinarios en curso, la narrativa cambia. La ciudadanía no solo observa gestos, también exige claridad. En democracia, la credibilidad no se construye únicamente con actos devocionales, sino con transparencia verificable.
Sostenemos que toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y a defender su nombre en los estrados correspondientes. Pero también afirmamos que quienes aspiran a dirigir el país deben someter su trayectoria a un escrutinio riguroso. La reflexión es inevitable: ¿puede la emotividad pública neutralizar las preguntas pendientes sobre ética profesional? Más allá de simpatías o antipatías, el país merece respuestas claras. La fe puede inspirar liderazgo; la integridad, en cambio, es la que lo legitima.
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