El expediente oculto: Pinzón exige abrir computadores de FARC

El peso de 18.677 vidas rotas y el fantasma de la amnistía

La cifra no es un mero dato estadístico; son 18.677 infancias truncadas que, según Pinzón, podrían ser muchas más si se cuentan los desaparecidos, los ajusticiados y aquellos enterrados como NN. Ante esta confesión, la posibilidad de un perdón judicial enciende las alarmas. Pinzón ha sido categórico al afirmar que no se trata de opiniones, sino de crímenes de guerra confesados que, a la luz del Estatuto de Roma firmado por Colombia, son imprescriptibles.

Las consecuencias de otorgar una amnistía serían inmediatas: activaría de facto la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI). En una acción sin precedentes, Pinzón anunció la radicación de cartas ante la CPI, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la UNICEF, advirtiendo que "si la justicia colombiana les da amnistía, que la justicia internacional les dé una condena".

La conexión internacional: los dólares de Venezuela

El financiamiento de esta maquinaria de guerra no operaba en el vacío. Pinzón expuso que estos crímenes se sostuvieron gracias a una red global de narcotráfico y lavado de activos. Apelando a documentación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, recordó que en 2006 Nicolás Maduro recibió 5 millones de dólares de la guerrilla para lavar dinero, mientras que Hugo Chávez prometió inyectar 300 millones de dólares a la organización. A esto se suma la alarmante documentación de la DEA que evidencia una convergencia criminal entre las FARC y el grupo terrorista Hezbollah en territorio venezolano. En este punto, la exigencia a la Fiscalía General de la Nación es clara: solicitar formalmente a Estados Unidos las pruebas usadas contra Maduro para que generen consecuencias penales en Colombia.

Los archivos silenciados por el 'Cartel de la Toga'

El núcleo de este escándalo reside en las pruebas que el Estado colombiano incautó, pero que la propia justicia decidió invalidar. Durante exitosas operaciones militares, el Ejército recuperó los computadores de Raúl Reyes (2008), del “Mono Jojoy” (2010) y de Alfonso Cano (2011). Sin embargo, en los tres casos, los jueces anularon su validez probatoria amparados en tecnicismos.

La ironía es dolorosa y reveladora. Mientras en Colombia estos archivos son papel mojado, "en EE.UU. esas mismas evidencias sirven para acusar a un jefe de Estado", sostuvo Pinzón. Pero el manto de duda sobre la nulidad de las pruebas de Raúl Reyes es aún más oscuro: de los nueve magistrados de la Corte Suprema que en 2011 firmaron el auto para anularlos, cuatro terminaron envueltos en graves escándalos de corrupción. Uno de ellos, el expresidente de la Corte José Leonidas Bustos, fue condenado a 10 años de prisión por ser el cerebro del infame "Cartel de la Toga". Hoy, Pinzón exige a la Corte Suprema que revoque ese fallo manchado por la corrupción.

El papel de Iván Cepeda: preguntas sin responder

La apertura de estos archivos no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino una necesidad de transparencia política. Pinzón, comparando la situación con la reciente desclasificación de los archivos de Jeffrey Epstein en Estados Unidos, exige que Colombia conozca los nombres y seudónimos del llamado PC3 (Partido Comunista Clandestino Colombiano).

Y aquí surge un nombre ineludible: Iván Cepeda. En los computadores de Raúl Reyes figuraban menciones a la organización Colombianos y Colombianas por la Paz, fundada por Piedad Córdoba y con participación de Cepeda. Además, reportes internacionales documentaron que Cepeda visitó en múltiples ocasiones al guerrillero Simón Trinidad en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado. En una de esas visitas, estuvo acompañado por el abogado Enrique Santiago, entonces asesor legal de las FARC y, paradójicamente, posterior arquitecto de la JEP.

Frente a esto, el exministro lanzó un cuestionamiento directo al actual senador y candidato presidencial: "El país no puede seguir con esta duda y mucho menos tener un candidato presidencial [...] que genere tantas dudas. Si aquí no hay verdad, cuénteselo al país y convénzalo".

El rasero de la verdad no admite excepciones

Un país que aspira a una paz auténtica no puede cimentar su reconciliación sobre la base de discos duros borrados, expedientes anulados por jueces corruptos y verdades a medias. La exigencia de desclasificar los computadores de las FARC no es un capricho de la oposición; es un imperativo moral frente a las 18.677 víctimas infantiles de esta guerra que hoy, desde un silencio desgarrador, nos exigen respuestas. Si las pruebas que revelaban el engranaje criminal fueron invalidadas por una Corte Suprema permeada por el infame "Cartel de la Toga", el Estado tiene la obligación ética y legal de subsanar ese error histórico.

La transparencia, sin embargo, exige que la vara con la que se mide la justicia no tenga matices ideológicos. Así como al expresidente Álvaro Uribe se le exige responder actualmente ante la Corte Suprema de Justicia —debido a los recursos interpuestos por víctimas, entre ellas el propio Iván Cepeda, en un proceso por presunto soborno a testigos y fraude procesal que tras años de litigio alcanzó hitos críticos en 2025—, el mismo escrutinio debe recaer sobre los demás actores del poder. Los aspirantes a dirigir los destinos de la nación, incluido el senador Iván Cepeda, tienen el deber ineludible de despejar cualquier sombra sobre su pasado y su presunta relación con la clandestinidad del PC3. El país debe conocer toda la verdad. Solo cuando todas las figuras públicas, sin importar su orilla política, se sometan a la luz pública, la oposición podrá ejercerse con verdadera legitimidad y Colombia podrá sanar sin el veneno de la impunidad.