El candidato presidencial por el Partido de La Fuerza promete desamarrar a la Fuerza Pública y propone una estricta ley de sometimiento para el crimen organizado, marcando distancia con los actuales procesos de negociación.
Por: Paulina Arango M
La frontera entre la búsqueda genuina de la paz y la impunidad rampante suele ser, en Colombia, dolorosamente delgada. El 5 de marzo de 2026, desde Bogotá, el panorama político y de seguridad del país recibió una sacudida preelectoral. Roy Barreras, candidato presidencial del Partido de La Fuerza, anunció a través de los micrófonos de Uniminuto Radio lo que sería un giro de timón radical en caso de llegar a la Casa de Nariño: el desmonte total de la figura de los gestores de paz. ¿La razón? Según el aspirante, esta investidura ha mutado hasta convertirse en un salvoconducto para la criminalidad.
La promesa de acabar con la impunidad disfrazada de paz
La figura del "gestor de paz", concebida inicialmente como un puente para facilitar acercamientos humanitarios y políticos, parece haber perdido legitimidad ante los ojos de un sector del país. Barreras no escatimó en adjetivos para describir el estado actual de esta política. Con una crudeza inusual, sentenció que, de ganar la Presidencia en la segunda vuelta de junio, impondrá nuevas reglas de juego.
"Vamos a eliminar un montón de gestores de paz tramposos que, mientras andan por las calles con camionetas blindadas llenas de cocaína y de armas, sacan el carnet de gestor de paz y entonces los tienen que dejar pasar", advirtió el candidato, calificando la situación actual como "una vulgaridad".
Esta declaración no es un simple dardo al aire; es una radiografía de la frustración ciudadana frente a los vacíos de las negociaciones recientes. El candidato pone el dedo en la llaga al cuestionar cómo el Estado, en su afán de pacificación, puede terminar amparando a quienes siguen lucrándose de la violencia.
El fin de los ceses al fuego y la recuperación del control territorial
Las consecuencias de este eventual gobierno no se limitarían a cancelar unas credenciales. El médico y político fue enfático en otro pilar de su estrategia: la suspensión inmediata de los ceses al fuego con organizaciones criminales.
La directriz es clara y busca revertir la percepción de un Estado maniatado. “Vamos a suspender todos los ceses de fuego porque al Ejército y a la Fuerza Pública hay que desamarrarla para que pueda controlar el territorio y proteger la vida”, aseveró Barreras. Esta postura anticipa un recrudecimiento inicial de las operaciones militares, pero bajo la premisa de que la soberanía territorial no es negociable frente a estructuras mafiosas.
Justicia transicional vs. sometimiento a la justicia ordinaria
El contexto de este anuncio revela una diferenciación jurídica que el candidato asegura haber defendido durante años. Como autor del marco para la paz hace quince años, Barreras traza una línea roja inamovible: los beneficios políticos son exclusivos de las insurgencias históricas con motivaciones políticas.
Para las bandas criminales, los narcotraficantes y las estructuras urbanas de ciudades como Medellín, Barranquilla o Buenaventura, la oferta cambia drásticamente. No habrá procesos de paz, sino una ley de sometimiento a la justicia ordinaria.
Según explicó, esta ley otorgaría beneficios jurídicos a quienes abandonen las armas y el crimen, pero imponiendo condiciones estrictas y bajo la vigilancia férrea del Estado. La advertencia es contundente: "si no cumplen, el Estado tiene la fuerza para someterlos a la justicia". Barreras confía en que esta propuesta le otorgará una victoria amplia en la consulta presidencial del Frente por la Vida, argumentando que Colombia necesita sanar sus heridas y requiere un gobierno que brinde garantías a toda la ciudadanía.
El precio de la coherencia frente al crimen: una reflexión necesaria
Las declaraciones de Roy Barreras ponen sobre la mesa un debate inaplazable para nuestra sociedad: ¿hasta dónde debe ceder la institucionalidad en su anhelo de silenciar los fusiles? La paz es un derecho fundamental y un mandato imperativo, pero no puede edificarse sobre los cimientos de la impunidad ni convertirse en el escudo de quienes se burlan del dolor de las víctimas.
Las palabras del candidato resuenan porque apelan a un sentido común extraviado en la burocracia de los procesos recientes. No es un llamado a la guerra, sino una exigencia de orden. La sociedad colombiana merece vivir en paz, sí, pero bajo la certeza de que el Estado nos protege a todos y no solo a quienes ostentan un brazalete o un carnet cuestionable.
Es momento de que, como país, reflexionemos sobre la calidad de la paz que estamos dispuestos a aceptar. La verdadera reconciliación requiere de una mano tendida para quien genuina mente busca enmendar el daño, pero también de un pulso firme y una justicia implacable para quien pretende usar la generosidad de toda una nación como su mejor negocio. Colombia no debe arrodillarse ante el crimen; debe someterlo con la majestad de la ley y la dignidad de sus instituciones.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
0 Comentarios