Tras décadas de control bajo las sombras del narcoparamilitarismo, el Estado recupera 427 hectáreas en Turbo y San Pedro de Urabá para saldar una deuda histórica con la reforma agraria.
Por: Redacción RMC | 2 marzo de 2026
La historia de la tierra en Colombia es, casi siempre, la radiografía de sus guerras. Esta semana, la geografía del Urabá antioqueño comenzó a reescribirse cuando la Agencia Nacional de Tierras (ANT), amparada por la Fuerza Pública y autoridades locales, pisó el territorio de Turbo y San Pedro de Urabá para liderar la recuperación material de 427 hectáreas. Lo que antes fue un botín de guerra, materializado en diez predios incautados a favor del Estado, pasará a manos de familias campesinas que han aguardado por décadas la oportunidad de ser propietarias y, de paso, contribuir a la seguridad alimentaria del país.
El rastro del despojo: de alias 'Orejas' a la Casa Castaño
Para entender la magnitud de esta recuperación, hay que mirar los nombres de quienes, hasta hace no mucho, ostentaban el poder en estas tierras. Los predios hoy recuperados estuvieron directamente vinculados a Harlinson Úsuga, alias 'Orejas', primo de Dairo Antonio Úsuga David, otrora máximo cabecilla del Clan del Golfo. La sombra se extiende aún más atrás, tocando a Luis Fernando Claros Guerra, un hombre relacionado con la temida 'Casa Castaño'.
No se trata de una simple expropiación administrativa; es la recuperación de un territorio cuyas escrituras fueron manchadas de sangre. Ricardo Romero Cabezas, subdirector de Procesos Agrarios de la ANT, lo dejó claro al afirmar: “En el marco de las medidas de emergencia, hacemos presencia como Agencia de Tierras, para hacer recuperación material de estos territorios, más de 400 hectáreas que harán parte de los procesos de asignación y disposición para la población campesina y rural del Urabá Antioqueño".
Tulapas y la profunda herida de San Pedro de Urabá
El dolor del despojo tiene coordenadas exactas. Durante dos días de operativos en la zona limítrofe entre Turbo y San Pedro de Urabá, la ANT y las autoridades locales intervinieron la región de Tulapas. Este no es un lugar cualquiera; es el escenario del mayor despojo paramilitar documentado en el departamento de Antioquia, donde se calcula que más de 4.000 hectáreas fueron apropiadas ilegalmente mediante la violencia y la intimidación.
En San Pedro de Urabá, las aprehensiones incluyeron la Finca Guayabal (95 hectáreas), Fernanda (26 hectáreas), Villa Fernanda (65 hectáreas), Lote de Terreno (16 hectáreas) y Finca Nueva Esperanza (15 hectáreas).
Reforma agraria en Antioquia: justicia para el campo
Mientras tanto, en el municipio de Turbo, la operación arrebató de las manos del crimen otras cinco propiedades rurales fundamentales: Finca El Porvenir (17 hectáreas), Lote El Porvenir (28 hectáreas), Finca La Morelia (16 hectáreas), Finca Bellavista (130 hectáreas) y Finca La Mireya (10 hectáreas).
Para lograrlo, la arquitectura institucional tuvo que alinearse. Estos bienes rurales fueron adquiridos por la ANT a través de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV), logrando un convenio interinstitucional que permite que hoy estas tierras se destinen a campesinos y víctimas del conflicto armado.
El impacto de las cifras en la reparación
Este operativo no es un hecho aislado. Las cifras oficiales revelan que, desde el inicio del actual gobierno, la Agencia Nacional de Tierras ha logrado recuperar un total de 6.436 hectáreas en el departamento de Antioquia. Romero Cabezas sentenció el espíritu de estas acciones subrayando que esta es una región con "unos reclamos históricos de tenencia de reparación a las víctimas", donde ahora se dispone del territorio para "que se pueda materializar la Reforma Agraria". El objetivo final es doble: reparar a quienes perdieron todo y promover una productividad rural que consolide una paz cimentada en la justicia social.
La tierra que germina esperanza
El retorno de estas 427 hectáreas en el Urabá no es un mero trámite burocrático, ni un simple movimiento en las cifras del Estado. Representa un giro narrativo en la historia de una región donde el derecho a la tierra fue dictado durante demasiado tiempo por el calibre de los fusiles y la codicia de los señores de la guerra.
Entregar el suelo fértil de la Casa Castaño y el Clan del Golfo a las manos agrietadas de los campesinos es, quizás, el acto de justicia poética y material más rotundo que puede presenciar nuestra sociedad. Como colombianos, debemos observar este hito no con la complacencia de una tarea terminada, sino como el estándar mínimo de lo que exige la verdadera paz. Una nación no se reconstruye sobre la impunidad, sino sobre la tierra recuperada. Hoy, el Urabá tiene la oportunidad de dejar de sembrar víctimas para, finalmente, comenzar a cosechar futuro.
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