La Gobernación del Valle insta a reubicar mesas de votación ante la presión de grupos armados en la zona rural.
Por: Redacción RMC | 2 marzo de 2026
La democracia no es solo una cita con las urnas; es la garantía de que cada ciudadano pueda llegar a ellas sin que un fusil condicione su camino. En el Valle del Cauca, esta premisa enfrenta una prueba de fuego de cara al 8 de marzo. La gobernadora Dilian Francisca Toro ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda pero urgente: en el corregimiento de Ampudia, en Jamundí, el derecho al voto está bajo asedio. No se trata de un simple traslado logístico, sino de una medida defensiva ante la presencia de la estructura ‘Jaime Martínez’, cuyo control territorial amenaza con convertir el ejercicio electoral en un acto de coacción más que de libertad.
El pulso por el control territorial y el derecho civil
La solicitud de reubicación, presentada ante el Ministerio de Defensa y la cúpula militar en Cartago, nace de una lectura crítica de la seguridad regional. Como sociedad, debemos preguntarnos qué significa la soberanía cuando la Fuerza Pública enfrenta asonadas sistemáticas que impiden su despliegue en los puestos de votación. El secretario de Seguridad, Guillermo Londoño, ha sido enfático: sin presencia del Estado, las garantías constitucionales son una ficción. Esta postura colectiva refleja un cansancio institucional frente al acecho del Estado Mayor Central, exigiendo que la logística electoral se adapte a la seguridad del votante y no al revés.
El contraste de Buenaventura: Inversión como escudo
Mientras Jamundí debate el traslado, Buenaventura emerge con un panorama distinto, aunque igualmente complejo. Aquí, la estrategia no es la retirada, sino el fortalecimiento. A través de la Tasa de Seguridad, se han inyectado $4.600 millones para garantizar que la Infantería de Marina cuente con la movilidad necesaria —incluyendo lanchas para zonas rurales de difícil acceso— y custodie cada mesa. Esta diferencia de enfoques subraya una verdad regional: el costo de la democracia en el Pacífico colombiano se mide tanto en votos como en la capacidad logística de mantener a raya la ilegalidad.
Una logística blindada frente a la incertidumbre
Desde la Registraduría, la voz de José Javier Díaz intenta dar un parte de tranquilidad técnica. La entidad asegura que el engranaje está listo y que la articulación con la Fuerza Pública busca la apertura total de los puestos. Sin embargo, el análisis profundo sugiere que la transparencia no depende solo de las tarjetas electorales, sino del clima de confianza que se logre construir en los próximos días. El esfuerzo institucional es evidente, pero la efectividad del mismo se verá reflejada en si el ciudadano rural siente que su voto cuenta o si, por el contrario, siente que su seguridad es el precio que debe pagar por participar.
La democracia no puede ser un acto de heroísmo
Como colectivo, debemos reflexionar sobre la normalización del traslado de mesas por orden público. Si bien la reubicación en Jamundí es una medida necesaria para salvar vidas y proteger el sufragio, también es un síntoma de un Estado que aún lucha por recuperar territorios cedidos al miedo. La verdadera victoria electoral este marzo no será solo de los candidatos, sino de la capacidad del Valle del Cauca para demostrar que el poder civil sigue pesando más que la presión insurgente.
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